Comisión abre etapa de prueba en el juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui

La Comisión de Fiscalización, este 21 de enero, abrió la etapa de sustanciación del juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, que incluye ocho acusaciones de incumplimiento de funciones planteadas por el legislador Darwin Pereira, de la bancada Pachakutik.

Las ocho acusaciones en contra de la funcionaria encargada del control del sistema financiero tienen relación con incumplimiento de funciones en el control sobre la captación ilegal de dinero, falta de control en las actividades financieras no autorizadas, renegociación de deudas, reclamos y quejas de fraude informático, pagos por convenios de cooperación, falta de control de actividades del sistema financiero y ausencia de defensores del cliente en las instituciones financieras.

En el primer día de comparecencias, la mesa de Fiscalización recibió a Solanda Goyes, quien se presentó como coordinadora de un colectivo de perjudicados por el Banco Pichincha que reúne a más de 200 personas. Describió su caso personal, que —según dijo— le permitirá a la Comisión conocer la dimensión de lo que sucede con la inseguridad en la banca y la falta de control de la Superintendencia.

Relató que en junio de 2015 gestionó un crédito hipotecario con el Banco Pichincha y le depositaron en su cuenta corriente $ 31.911, pero que el 26 de junio se abrieron dos cuentas de ahorros en el Banco Pichincha por parte de una señora que suplantó la identidad de una ciudadana M. Ch., de la ciudad de Cuenca, que luego cobró tres cheques de Solanda Goyes, que —según dijo— jamás giró y que sumados ascienden a $ 14.530. El robo —añadió— se realizó en tres agencias en Quito en un tiempo de 52 minutos.

PUBLICIDAD

Nueve días después del hecho se cerraron las cuentas y Goyes presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. En enero de 2016, la institución financiera destruyó los cheques, por lo tanto, las evidencias, cuando —dijo— la ley manda a las instituciones financieras a conservar los papeles hasta por diez años.

El banco, añadió la afectada, hizo la consulta a la Superintendencia sobre el tiempo de conservación de los documentos, y la respuesta fue que se pueden destruir los documentos a los seis meses, siempre que no estén dentro de un proceso judicial, y el caso de Solanda Goyes ya tenía una denuncia en la Fiscalía.

En el 2019, con toda la información, la fiscal de Soluciones Rápidas N.º 3, frente a la falta de entrega de información por parte de la institución financiera, solicita el archivo de la causa; sin embargo, en las razones que expone determina que existe el delito de suplantación de identidad y uso de documento falso.

La fiscal remitió el expediente a la Superintendencia de Bancos para que estableciera las responsabilidades y sanciones respecto del banco.

La Superintendencia primero resolvió archivar el pedido de la Fiscalía, cuando tiene la obligación de investigar, ejercer las actividades de vigilancia, auditoría y la intervención y control de las actividades económicas, afirmó Goyes, quien ante la Comisión sostuvo que en el 2021 el banco admitió el error y se comprometió a depositar los $ 14.530.

Cristian León señaló que la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, incumplió funciones en el proceso de designación de los defensores del cliente a nivel nacional. Mediante resolución del 19 de agosto de 2020, expidió la norma de control de los defensores del cliente que regula el proceso de designación; sin embargo, afirmó que los actuales defensores están prorrogados en funciones por dos años, inobservando los principios de alternabilidad propios del desempeño de cargos públicos.

Graciela Bustamante expuso su caso, relacionado con una póliza del Banco Pichincha, donde la Superintendencia, a su criterio, no actuó ni resolvió su caso relativo a débitos no autorizados que superan los $ 14.000. Que la defensoría del cliente tampoco la ayudó.

José Paredes Coque, médico veterinario, se presentó ante la Comisión de Fiscalización como perjudicado por el Banco Pichincha. Aseguró que en mayo de 2021 fue objeto del robo de $ 10.000 de su cuenta vía transferencia electrónica, cuando el tenía como monto máximo autorizado $ 1.500 para hacer transacciones diarias. Frente al caso, presentó la denuncia por robo. Desde el banco le señalaron que él entregó la clave; en tanto que la Superintendencia argumentó que el Banco Pichincha no tiene responsabilidad alguna en su caso.

El próximo lunes continuarán las comparecencias. (I)

Fuente: El Universo

 

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba