Política

Comandante de Policía niega uso excesivo de la fuerza en octubre de 2019

No menos de 25 policías, alguno de ellos de los grupos de élite, acompañaron a su comandante general, Patricio Carrillo, a la comparecencia vía Zoom ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dentro del proceso de sustanciación del juicio político que se sigue en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por los hechos de octubre de 2019.

Fue una demostración de respaldo institucional, parecida al video que hace pocos días se difundió y en el que Romo asomó, igual rodeada de decenas de policías, cuestionando el proceso de interpelación que se analiza en la Comisión.



Carrillo, que hace un año era Director Nacional de Operaciones de la institución, deslindó responsabilidad de la Policía y de Romo, de un presunto uso desmedido de la fuerza durante las manifestaciones de aquella época y todos los efectos que se dieron a raíz de la represión.
Aseguró que como institución jerarquizada no pueden actuar de manera discrecional ni individual, mientras que los manifestantes actúan con libertad absoluta, sin límites, lo que se demostró, dijo, en el incendio del edificio de la Contraloría, los saqueos, la violencia extrema, asaltos, entre otras situaciones. Y que, a pesar de esa extrema violencia jamás hicieron uso de armas letales. Para el oficial, la violencia ejercida por los manifestantes obliga a intervenir a la Policía, a cuyos elementos no les interesa conocer las causas de la movilización.

El Comandante General de Policía dijo que no se puede catalogar como zonas de paz a los centros de acogida que se levantaron en universidades situadas alrededor del parque de El Arbolito, ya que eso sería admitir que se vivió un conflicto armado de acuerdo con lo establecido en el derecho internacional humanitario. Y descartó que hayan sido los policías los que lanzaron bombas lacrimógenas a los centros universitarios, recordando que el control y dispersión de manifestaciones era compartida con las Fuerzas Armadas.

Las polémicas bombas lacrimógenas

Carrillo reconoció que durante las manifestaciones se usaron bombas lacrimógenas caducadas. Sin embargo, dijo que legalmente no hay una prohibición expresa, escrita para el uso de material caducado. Incluso dijo que ese tipo de material, de acuerdo con el informe científico, pierde su efectividad disuasiva, aunque puede fallar el mecanismo de la bomba lacrimógena. Entre el 3 y el 13 de octubre se usaron 38.509 de este tipo de unidades, aseguró.
Pero la asambleísta Mercedes Serrano aseguró que, en derecho público, que rige a la fuerza pública, solo se puede hacer lo que está escrito, ya que de lo contrario está prohibido y que, de acuerdo con el Código de Seguridad, es una falta grave el uso de armas o municiones en mal estado.

Los asambleístas de la Comisión dijeron que respaldan la labor de la Policía en términos generales y que esta institución no está siendo juzgada. Lo que se intenta esclarecer, dijeron, es la responsabilidad política que tuvo en la represión y sus consecuencias la ministra Romo.

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