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Colegios privados no hacen el reporte de los abusos sexuales

Están regulados por el mismo órgano rector y deben cumplir las mismas normas, pero en el caso de los colegios particulares, las denuncias de abuso sexual no pasan por el mismo proceso que los planteles públicos.

Y sin embargo, la ley es la misma. El artículo 359 de la LeyOrgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece que “la Junta Distrital de Resolución de Conflictos es la instancia competente para conocer el proceso sancionatorio en contra de instituciones educativas particulares o fiscomisionales, y sus representantes legales, promotores o directivos”.

No obstante, en los planteles privados las denuncias van directamente a la Fiscalía, y los encargados de interponerlas son los propios rectores.

¿Cuántas se han registrado en los últimos años? No existe una cifra. Lo indica el informe de la comisión Aampetra de la Asamblea, encargada de investigar el alto índice de denuncias de abuso sexual en escuelas y colegios.

“El Ministerio de Educación no cuenta con estadísticas ni un registro sistematizado de las acusaciones en los colegios particulares”, establece el documento. Ante la comisión comparecieron los exministros de Educación Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel, además del actual titular, Fander Falconí.

Los 991 casos reportados por el ministerio desde 2014 a 2017 responden exclusivamente a los institutos públicos.

Los pocos procesos que se han dado a conocer, han visto la luz a través de las redes sociales y los medios de comunicación; entre ellos el caso de ‘El Principito’, que se registró en 2015 en un colegio de la capital y polarizó a la opinión pública. Otros, como los suscitados en el Cebi y el San Francisco de Asís, ambos en Guayaquil, se han difundido en el último mes.

Martha Córdova, presidenta de la Federación de Establecimientos Educativos Particulares Laicos (Fedepal), coincide en que no hay estadísticas de las denuncias en los planteles privados, pero considera que los índices son inferiores.

“En los últimos diez años, el ministerio ha emprendido una campaña sancionatoria contra los colegios particulares. Por lo tanto, las denuncias de este tipo, en nuestro gremio, pasan directo a la Fiscalía. Los profesores no pasan por el proceso de apelación administrativa por el que pasan los docentes fiscales. Deben defenderse ante la justicia”, afirmó.

No obstante, cuántas de estas denuncias han culminando en una sentencia es otra pregunta sin resolver.

A la vez, el informe de la comisión determina otra preocupante situación: en ninguno de los planteles privados analizados para el informe, el ministerio llevó a cabo el proceso administrativo correspondiente ni realizó el seguimiento que la ley declara obligatorio.

“No hay evidencia del establecimiento de sanciones administrativas, ni de procesos administrativos para determinar si las autoridades tuvieron algún grado de responsabilidad y si cumplieron de forma adecuada con las medidas cautelares y de reubicación al docente (a labores administrativas)”, señala el documento.

Para el Dr. Roberto Passailaigue, exministro de Educación, la solución recae en la modificación de la normativa y en la formulación de procesos que se apliquen a colegios públicos y privados por igual. “Al igual que el tema de la reubicación de docentes, estos son vacíos legales que se pueden solucionar con voluntad administrativa y política”.

Nadie regula a las academias

Entre los casos que analizó la comisión, hay uno que resalta. En la academia de ballet Guadalupe Chávez hubo un centenar de denuncias de acoso sexual, involucrando a un docente.

Para las academias extracurriculares no existen protocolos de contratación, pese a que los principales alumnos son niños y adolescentes. Estas, a su vez, no son sometidas a regulaciones estatales ni cuentan con revisiones periódicas.

Para el jurista Juan Carlos Reyes, este es un vacío legal.

“Al ir directamente a la Fiscalía, no se abren procesos contra las academias, solo contra el acusado. No hay manera de contabilizar las denuncias”.

El protocolo

La denuncia

La ley establece que, una vez conocido un caso por abuso o acoso sexual, el colegio debe presentar la denuncia a la Fiscalía y ante las oficinas distritales del ministerio.

El proceso

El artículo 359 de la LOEI determina que las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos son “la institución competente en todos los casos” y deben dictar las medidas cautelares respectivas.

Los cambios

El acuerdo 2017-00052A, aprobado por el ministerio, establece que el colegio debe reportar obligatoriamente a las autoridades judiciales y aplicar todas las medidas emitidas por la Fiscalía

Expreso-L.Viera

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