El último proceso electoral para seccionales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no fue la excepción para las denuncias de afiliaciones no consentidas. Hasta ahora, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no hay un proyecto para resolver este problema.
En noviembre del 2022, María Verónica Barreiros necesitaba un certificado de apoliticidad para licitar en un concurso con una Organización No Gubernamental (ONG). Nunca había consentido ser parte de una organización política. Sin embargo, apareció como afiliada al movimiento Todos.
Lo primero en lo que pensó fue en poner una denuncia, pero después de asistir a la Delegación Provincial de Pichincha desistió. Ahí le dijeron que si requería el documento de apoliticidad de forma urgente era más fácil pedir la desafiliación.
“Con la denuncia, el trámite se tardaba 15 días. Ese mismo momento me desafiliaron y al siguiente día ya no constaba mi adhesión”, cuenta. Para ese trámite solo le pidieron la cédula original y una copia.
Ese no fue el único caso. Este proceso electoral también coincidió con una convocatoria para aspirantes a la Policía Nacional. Muchos de ellos también se enteraron, debido a los requisitos solicitados, que estaban afiliados.
Pero, el número de personas que han solicitado una desafiliación o la cantidad de denuncias sobre este tema es desconocido.
EL COMERCIO solicitó al CNE por primera vez estas cifras en agosto del 2022 y no hubo respuesta. Para esta publicación se volvió a solicitar dicha información y tampoco existió contestación, hasta las 18:00 de este 14 de marzo del 2023.
Posible solución quedó en el aire
Una vez que los resultados de la Consulta Popular del Gobierno fueron proclamados y el NO se impuso en las ocho preguntas, el control a los afiliados de los movimientos políticos se quedó en el aire.
El Consejo Nacional Electoral es el encargado de receptar los requisitos y aprobar la conformación de organizaciones políticas en el país. Foto: Cortesía CNE.
El último proceso electoral para seccionales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no fue la excepción para las denuncias de afiliaciones no consentidas. Hasta ahora, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no hay un proyecto para resolver este problema.
En noviembre del 2022, María Verónica Barreiros necesitaba un certificado de apoliticidad para licitar en un concurso con una Organización No Gubernamental (ONG). Nunca había consentido ser parte de una organización política. Sin embargo, apareció como afiliada al movimiento Todos.
Lo primero en lo que pensó fue en poner una denuncia, pero después de asistir a la Delegación Provincial de Pichincha desistió. Ahí le dijeron que si requería el documento de apoliticidad de forma urgente era más fácil pedir la desafiliación.
“Con la denuncia, el trámite se tardaba 15 días. Ese mismo momento me desafiliaron y al siguiente día ya no constaba mi adhesión”, cuenta. Para ese trámite solo le pidieron la cédula original y una copia.
Ese no fue el único caso. Este proceso electoral también coincidió con una convocatoria para aspirantes a la Policía Nacional. Muchos de ellos también se enteraron, debido a los requisitos solicitados, que estaban afiliados.
Pero, el número de personas que han solicitado una desafiliación o la cantidad de denuncias sobre este tema es desconocido.
EL COMERCIO solicitó al CNE por primera vez estas cifras en agosto del 2022 y no hubo respuesta. Para esta publicación se volvió a solicitar dicha información y tampoco existió contestación, hasta las 18:00 de este 14 de marzo del 2023.
Posible solución quedó en el aire
Una vez que los resultados de la Consulta Popular del Gobierno fueron proclamados y el NO se impuso en las ocho preguntas, el control a los afiliados de los movimientos políticos se quedó en el aire.
La cuarta pregunta planteaba una auditoría permanente de los registros de los afiliados de las organizaciones políticas. Para eso era necesario un sistema que permita ejercer ese control.
En la sustentación de esa pregunta, que fue enviada a la Corte Constitucional (CC), el Ejecutivo planteaba que en el país existen 279 organizaciones políticas. De ellas, 272 eran movimientos para cuya aprobación se toma en cuenta afiliados y adherentes.
De acuerdo con el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, actualmente no hay un proyecto en discusión para solventar este fenómeno. Dice que, por normativa, el CNE no está facultado para depurar, por sí mismo, las listas de afiliados de las organizaciones políticas.
El argumento de Pita es que, en derecho público, solamente se puede hacer lo que está escrito. Al no haber una facultad de ese tipo no es viable hacerlo.
Sin embargo, le compete al CNE, según el Vicepresidente, establecer un mecanismo eficiente de consulta para que los ciudadanos sepan si están o no afiliados. Con eso, señala, cada persona podría tomar las acciones que crea convenientes.
¿Por qué no se ha hecho?
Pita dice que su ejecución depende, por un parte, del marco legal para mejorar la eficiencia de los controles. Menciona que eso es responsabilidad de la Asamblea Nacional.
Lo otro es que la autoridad máxima en el CNE, en lo que tiene que ver con la ejecución y administración, es la presidenta Diana Atamaint y no hay una iniciativa institucional.
La consejera Elena Nájera también dice que el CNE podría hacer un cruce de información entre los datos proporcionados por los movimientos y una constatación , por ejemplo, vía telefónica con el supuesto afiliado. Es decir, una especie de muestreo.
Insiste en que la ilegalidad de este tipo de actos está a la vista. Recuerda que hay movimiento que, en las elecciones, no logra ni el 0,5% de la votación. Es decir, no consigue el voto ni del porcentaje de afiliados que requiere tener.
Para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Aguinaga, el CNE sí debería pensar en una auditoría nacional e internacional sobre el registro de los afiliados. Esto porque considera que no hay ninguna confianza después de las denuncias que se presentan proceso tras proceso.
Coincide con Pita en la necesidad de un sistema público y permanente en plataformas digitales institucionales. Este debería estar interconectado con otros servicios del CNE para que los ciudadanos tengan una opción de fácil uso para dar de baja este tipo de adhesiones fraudulentas.
Fuente: El Comercio