Cinco cambios se plantean para la Ley del Mercado de Valores

La Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate la propuesta de la Ley para Atracción de Inversiones, que fue enviada por el Régimen como proyecto económico urgente. El proyecto hace cambios a la Ley de Mercado de Valores, que data de 1993.

La Asamblea debe emitir su pronunciamiento hasta el 24 de este mes. Ecuador, que tiene un mercado de valores reducido, cuenta con las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. La propuesta plantea la posibilidad de que ambas se fusionen y haya participación de bolsas internacionales en el mercado local, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva.

Según él, el cambio en la norma está enfocado en la supervisión, participación del sector público, estructura accionaria, compensación, liquidación y custodia de valores y calificaciones de riesgos.

La supervisión del mercado

El planteamiento es que la Superintendencia de Bancos regule también al mercado de seguros, mientras que el control del mercado de valores quede bajo la Superintendencia de Compañías.

“Creemos que la supervisión del mercado de valores se debilita si está junto a demasiados temas. Esta distribución ayudará a que haya mayor orden”, dijo Cueva, en su comparecencia ante la Comisión.

Fernando Simó es presidente de la Asociación de Casas de Valores. Para él, la supervisión debe estar a cargo de un ente especializado. Es decir, debe existir una Superintendencia exclusiva.

El sector público y su aporte

La propuesta del Gobierno señala que la emisión de títulos de valores de la deuda pública pueda transarse, mediante subasta pública, a través de la bolsa de valores o en el mercado extrabursátil.

Christian Ponce, presidente de la Bolsa de Valores de Quito, dijo que esa idea busca que la colocación de los papeles estatales sea directa con el inversionista privado y que no pase por las bolsas de valores, lo que le restaría transparencia. Según él, deja abierta la posibilidad de crear mercados paralelos de negociaciones para los bonos del Estado y otros títulos públicos.

La estructura accionaria

El proyecto fija límites máximos de participación accionaria. De acuerdo con el texto, ningún accionista de una bolsa de valores podrá ser titular de más del 8% de las acciones. Sin embargo, la Junta de Política y Regulación Financiera puede modificar el tope accionario por sectores.

Para el Gobierno, los porcentajes definidos buscan promover la inversión doméstica extranjera para fomentar el proceso de integración local y regional, y mayor dinamismo en el mercado bursátil.

Para Ricardo Rivadeneira, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, la propuesta puede crear un esquema de inseguridad porque “dependiendo de la Junta de turno” pueden cambiar las condiciones de la estructura accionaria.
Compensación, liquidación…

El planteamiento permite que el Banco Central desarrolle una alianza público-privada donde se haga un depósito para los servicios de compensación y liquidación de valores. “Esta alianza estará diseñada para ofrecer una opción de financiamiento al sector público y le brinde acceso a la tecnología necesaria para garantizar un servicio de calidad, para garantizar el cumplimiento de estándares internacionales”, dijo Cueva.

Las calificaciones de riesgo

De ser aprobada la ley, las calificaciones de riesgos serán publicadas con las siglas de la agencia emisora para promover la transparencia y responsabilidad. Las bolsas de valores de Guayaquil y Quito pidieron la supervisión adecuada a las metodologías de las calificadoras.

Fuente: El Comercio

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