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Juzgados desestiman acciones de protección. El control público no constituye una injerencia en las actuaciones del CNE

Varios juzgados del país desestimaron diez acciones de medidas
cautelares, interpuestas contra el informe de la Contraloría General del
Estado que recomienda al Consejo Nacional Electoral (CNE) dejar sin
efecto la inscripción de cuatro movimientos políticos, en el Registro
Permanente de Organizaciones Políticas, por no cumplir con los
correspondientes requisitos constitucionales y legales.
Los magistrados argumentaron que la Contraloría es la autoridad
competente para emitir este acto administrativo, en apego a las
facultades que la Constitución le otorga. Los fallos señalan que las labores
de control público no constituyen una injerencia en las actuaciones del
CNE, puesto que la Contraloría debe vigilar el respeto al marco legal
vigente en las gestiones administrativas, financieras y operativas de las
instituciones que utilizan recursos estatales.
Además, mencionan que las recomendaciones no causan un daño
irreversible a los derechos constitucionales de elección, más aún cuando
el pleno del CNE no las ha aplicado.
De esta manera, los procesos administrativos y sancionatorios
establecidos por la Contraloría continúan con su trámite dentro de los
plazos respectivos, para garantizar que en el Registro Permanente de
Organizaciones Políticas consten únicamente aquellas que, al momento
de su inscripción, cumplían con lo dispuesto en la Constitución de la
República del Ecuador y la Ley
El 1 de agosto de 2019 la Contraloría, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, aprobó el informe de cumplimiento de las
recomendaciones establecidas en el ‘examen especial a los sistemas
informáticos e infraestructura tecnológica, comunicaciones y contratos
relacionados, utilizados en la inscripción, registro y extinción de
organizaciones políticas y consulta popular, en el Consejo Nacional
Electoral y entidades relacionadas’.
BOLETÍN DE PRENSA
# 029

Los análisis de auditoría señalan que no se realizaron acciones para
corregir la inclusión de 4 movimientos, que no cumplieron los requisitos
establecidos en la Constitución y la ley para formar parte del Registro
Permanente de Organizaciones Políticas.

Ante este hallazgo se determinó que el Pleno del CNE debe dejar sin
efecto el acto administrativo que otorgó personería jurídica a los
movimientos “Justicia Social”, “Podemos”, “Libertad es Pueblo” y “Fuerza
Compromiso Social”.

El informe también contiene recomendaciones en torno al procedimiento
para verificar la veracidad y legalidad de la información consignada en
los formularios de adhesión. Esto busca prevenir nuevas irregularidades,
como la aceptación de registros repetidos, cédulas falsas o con errores,
firmas que no corresponden con el padrón electoral y adherentes
menores de 16 años o fallecidos.

Las acciones judiciales se resolvieron en juzgados de las provincias de
Esmeraldas, El Oro, Manabí, Los Ríos, Tungurahua y Cañar.

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