CIDH firma acuerdo con Ecuador y destaca reducción del hacinamiento carcelario

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Ecuador suscribieron un acuerdo de asistencia técnica para fortalecer las capacidades del Gobierno en materia de promoción, defensa y protección de derechos humanos de las personas privadas de libertad, de acuerdo a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y políticas públicas.

El acuerdo se dio en el marco de la visita que realizó al país, entre el 26 y 28 de septiembre, una delegación encabezada por el comisionado Stuardo Ralón, vicepresidente de la CIDH, Relator para Ecuador y sobre los derechos de las personas privadas de libertad, e integrada por María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

Por parte de Ecuador firmaron el documento Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), y Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos. El canciller Juan Carlos Holguín suscribió como testigo de honor.

Los representantes del organismo internacionales tuvieron un encuentro con el presidente de la República, Guillermo Lasso, y también se reunieron con otras autoridades.

Durante su estadía en el país, la delegación de la CIDH revisó el estado de las 84 recomendaciones que plasmó en un informe publicado en marzo de 2022, sobre la situación de las personas privadas de libertad en Ecuador, a partir de la visita de trabajo realizada a inicios de diciembre de 2021.

En ese sentido, en un comunicado el organismo internacional reconoció que el país presenta “importantes avances” en siete temas:

  1. Adopción de una nueva política pública penitenciaria
  2. Establecimiento de un proceso de selección y formación de 1.300 nuevos agentes penitenciarios y 100 instructores educativos
  3. Reducción del hacinamiento a partir de la aplicación de indultos y la agilización de beneficios penitenciarios, en el marco del proyecto “Renacer”
  4. Inicio del censo penitenciario que lleva un avance del 45% con la implementación simultánea del proceso de registro administrativo de personas detenidas
  5. Ampliación del número de jueces y juezas especializados en garantías penitenciarias de 14 a 25
  6. Eliminación de las audiencias en el trámite de beneficios penitenciarios
  7. Reinstalación de oficinas de la Defensoría Publica el interior de los centros de detención

Así mismo, la CIDH dio a conocer que en la reciente visita se recibió información sobre los desafíos estructurales que se mantienen en la protección de personas privadas de libertad.

Son, al menos, seis los escollos detectados por la Comisión que persisten en el sistema penitenciario: el control efectivo del Estado en los 36 centros de privación de libertad, lo que deriva en que continúe la violencia dentro de las cárceles, que hasta el momento suma al menos 90 fallecidos; diseño de políticas publicas de rehabilitación y reinserción social, con base en la información del censo penitenciario una vez finalizado; aspectos regulatorios y procedimentales que permitan la mejora del plazo de resolución de solicitudes de beneficios penitenciarios; adoptar medidas de reparación integral a familiares de las víctimas de las masacres en las cárceles; profundizar las estrategias para desmantelar las estructuras criminales arraigadas en los centros penitenciarias; e implementar vías que garanticen la participación de la sociedad civil en la implementación de medidas para superar la crisis. (I)

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