Política

Rosa Chalá exige que se concrete su retorno al CPCCS

Acompañada por dos de sus asesores, la exconsejera del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), Rosa Chalá, llegó ayer a las instalaciones de esa institución con la sentencia escrita de la acción de protección que un juez de Manabí le otorgó dejando sin efecto su censura y destitución que se produjo través de un juicio político en la Asamblea.

Quiso ingresar directamente a las oficinas, pero el personal de seguridad le impidió el paso y le direccionó hacia la recepción de Secretaría General, en la planta baja, donde le informaron que quien estaba encargado de la institución es Holger Prieto, coordinador General Administrativo Financiero, ya que el presidente del organismo, Christian Cruz, se encuentra de viaje en el exterior.

Chalá esperó unos minutos y Prieto bajó a recibirla. Juntos abordaron el ascensor, pero antes de hacerlo, la exconsejera explicó el motivo de su presencia en el lugar: “(Vengo) a mi oficina para seguir trabajando en lo que estaba trabajando”, antes de ser destituida, dijo. Añadió que la resolución del juez ya había sido notificada a las partes involucradas.

La reunión no duró más allá de 10 minutos. “Nos recibió la persona encargada, quien supo manifestar que está esperando la notificación de la Asamblea para mi restitución”, aseguró Chalá.

Agregó que hoy vence el plazo para que la Legislatura le reintegre a su cargo, ya que la sentencia es de cumplimiento inmediato y obligatorio, independientemente de haya sido apelada por la Legislatura.

“Aquí está la sentencia”, señaló, mostrando el documento. “Si los señores asambleístas no acogen esto, ustedes saben lo que va a suceder”, añadió en tono desafiante. Aclaró que no solo debe ser restituida como consejera sino también como vicepresidenta, función que desempeñaba antes de ser censurada.

¿Tenía competencia el juez?
El juicio político que terminó en censura y destitución de Chalá y de otros tres consejeros se realizó en la Asamblea durante una de sus sesiones en Quito. De acuerdo con la Ley de Garantías Jurisdiccionales, para tramitar una acción de protección será competente el juez de primera instancia del “lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos”. Pero Chalá interpuso el recurso en el cantón Santa Ana, de Manabí.
¿Por qué se fue a un lugar alejado para solicitar la medida? “Todo lo jurídico lo responderán mis abogados, pero solo les voy a decir que fui electa a nivel nacional, por lo que puedo hacerlo en cualquier parte del país”, destacó.

EL DATO
Manuel Ruiz Moreira fue el juez que le otorgó la acción de protección a Chalá. 
Ante la repregunta de por qué no lo hizo en Quito – Pichincha, Chalá guardó silencio por unos segundos y prefirió dar por concluidas sus declaraciones: “Gracias, hasta luego”, y se fue en medio de más interrogantes sin contestar.

Al constitucionalista Rafael Oyarte sí le llama la atención que el juez se haya declarado competente para conocer el caso, ya que ratificó que por competencia territorial solo pueden hacerlo los magistrados del lugar donde se produjo el hecho o donde se dieron los efectos.

“No sé yo cuales hayan sido las consideraciones del juez para entender que una persona enjuiciada políticamente en Quito, que se refiere a un cargo que ejercía en Quito y que además es una persona que, tengo entendido, tiene su domicilio en Imbabura, ¿cuál es la relación para determinar su propia competencia territorial?”, se preguntó el jurista. (HCR) 

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