Pese a la falta de presupuestos renovados para 2025, los grandes organismos y empresas públicas de la Generalitat de Cataluña han hecho públicas sus previsiones de contratación de cara al próximo año. El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que actúa como el cerebro tecnológico de la administración autonómica, tiene previsto sacar a concurso 122 millones en soluciones digitales para diferentes ámbitos del sector público.

Sobresalen las actuaciones en sanidad, como la oficina de la estrategia de salud digital del CatSalut, el nuevo sistema de receta electrónica de las farmacias y las soluciones de protección de flujos en la atención primaria. En justicia se atenderá el sistema de gestión procesal de menores, VIPE y de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con 4,5 millones.

Hay que tener en cuenta que estas cifras podría variar tras la actualización de las cuentas públicas y que además excluyen los contratos menores.

Inversión en obra pública

Por su parte, Infraestructures.cat, uno de los entes autonómicos que más dinero reparte en adjudicaciones y liderado ahora por el expresidente de Renfe Isaías Táboas, prevé invertir más de 900 millones en obra pública. Entre sus principales proyectos destaca la culminación del tramo central de la Línea 9 de Metro de Barcelona, la construcción de la nueva Audiencia de Barcelona y del nuevo edificio de ambulatorios del Hospital Vall d’Hebron y diversas actuaciones en la red de carreteras de titularidad autonómica.

Asimismo, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) estima que gastará casi 177 millones de euros. Los contratos más cuantiosos corresponden a servicios comunes como limpieza y consultoría, si bien hay proyectos nuevos como la segunda fase del tranvía entre Tarragona y Reus (tres millones).

Sorprende que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que el próximo año recibirá el encargo de gestionar íntegramente el IRPF, no tenga en sus previsiones grandes licitaciones que apunten a un crecimiento de su estructura.

FUENTE EL ECONOMISTA

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