El Gobierno catalán rema a contracorriente de los de otras comunidades autónomas desde hace tiempo, y por el momento no da indicios de que esta política vaya a cambiar. Mientras otros territorios abogan por rebajas fiscales para favorecer a la economía de hogares y empresas, con Madrid como ejemplo paradigmático, la Generalitat de Cataluña crea nuevas figuras impositivas y eleva las existentes.
En los últimos cinco años, el Ejecutivo catalán ha creado o elevado hasta 13 impuestos propios y cedidos total o parcialmente, con tres consejeros diferentes y de distintos partidos.
Con el presidente de ERC Oriol Junqueras al frente del departamento de Economía -además de ser vicepresidente del Govern-, 2017 fue un año de múltiples modificaciones fiscales, con novedades como el impuesto autonómico a las bebidas azucaradas envasadas y el gravamen a los elementos radiotóxicos, que venía a relevar al impuesto a la electricidad de origen nuclear, que había sido declarado inconstitucional por los tribunales y que siguió el mismo desenlace.
Aquel año también se produjeron aumentos de la tasa turística, de los impuestos a los grandes establecimientos comerciales y a las viviendas vacías, de los tributos sobre el juego, del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y se eliminaron deducciones en el IRPF.
Todo ello preveía un aumento de ingresos de hasta 180 millones anuales cuando todas las modificaciones estuviesen en plena aplicación, pero eso no llegó a ocurrir, ya que la novedad que representaba una mayor recaudación, el impuesto sobre los elementos radiotóxicos, con casi 63 millones anuales estimados, fue anulada por la Justicia.
Pero tras los años de inestabilidad política posteriores al referéndum de independencia de octubre de 2017, que impidieron sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat, las cuentas regionales de 2020 trajeron nuevas alzas, en este caso de la mano del también republicano Pere Aragonès y con la intención de elevar la recaudación anual en 552,6 millones adicionales, aunque la llegada de la pandemia también dio al traste con estos planes.
Dicho año, la Generalitat puso en marcha los dos impuestos propios que actualmente le reportan más ingresos (ver gráfico): el de instalaciones que inciden en el medio ambiente (pensado para infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones) y el que grava las emisiones de los vehículos.
Pero también subió el impuesto de Sucesiones; el IRPF para las rentas de 90.000 a 175.000 euros; la tasa turística; el impuesto a las bebidas azucaradas; las tasas de apuestas; los actos jurídicos documentados, y amplió el impuesto a las viviendas vacías.
Y 2022, con Jaume Giró (Junts), ha traído nuevas alzas en los tramos medios del IRPF -para compensar una rebaja en el tramo más bajo- y contribuyentes particulares para el impuesto a los pisos vacíos.
Recaudación exigua que añade presión a empresas e inversores
Cataluña es la autonomía con más tributos propios, con 15, incluyendo el canon del agua -que ronda los 500 millones anuales- y el de residuos (este año recentralizado), pero sus ingresos suponen poco más del 2% de la recaudación total.
La Generalitat aduce motivos ambientales y de salud pública y no recaudatorios a la hora de implantar nuevos gravámenes, y afirma que seguirá esta línea, mientras el sector productivo e inversor lamenta la acumulación de cargas que restan competitividad y atractivo frente a otros territorios.
Nuevos impuestos
El Ejecutivo catalán tiene actualmente en elaboración tres nuevos impuestos que forman parte de los acuerdos presupuestarios de este 2022 con En Comú Podem. Se trata de dos tributos que estaban previstos en la Ley catalana del cambio climático de 2017 pero todavía no se han desarrollado: uno sobre las emisiones portuarias de grandes barcos y otro sobre la industria más contaminante. Asimismo, la formación morada arrancó el compromiso de crear un nuevo gravamen para los alimentos ultraprocesados.
Con las negociaciones para sacar adelante las Cuentas autonómicas de 2023 ya en marcha, los contactos entre el consejero de Economía, Jaume Giró, y En Comú Podem apuntan a la inclusión del impuesto a los grandes barcos en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat del próximo año, según han indicado a elEconomista.es fuentes conocedoras de los encuentros.
Por su parte, el nuevo impuesto para las emisiones de CO2 de la industria podría seguir los mismos pasos o tramitarse como proyecto de ley independiente, para dar más tiempo y ver la evolución macroeconómica. Además, está en elaboración la memoria que debe sentar las bases del gravamen a los alimentos ultraprocesados, y que debería estar disponible antes de fin de año.
Mientras tanto, todavía no se han concretado los detalles de ninguna de estas tres nuevas figuras, y los morados presionan para aumentar el gasto público -y los ingresos necesarios para ello-. Es por ello que aseguran que “no es el momento de rebajas fiscales” en Cataluña, ya que se atisban tiempos difíciles en que subirá el gasto social.
FUENTE EL ECONOMISTA
