Caso “Prefectura del Guayas”: tras apelación de Fiscalía, 5 personas son llamadas a juicio

Tribunal de la Sala Penal, integrado por los jueces José Coellar, Ramos Lino y Fabiola Gallardo, acogió el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y llamó a juicio a cinco personas, procesadas como presuntas responsables del delito de tráfico de influencias en contratos de insumos médicos por parte de la Prefectura del Guayas, durante la emergencia por Covid-19.

Los magistrados revocaron el auto de sobreseimiento dictado por el Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en la audiencia preparatoria de juicio, señalando que el mismo carece de motivación.

La fiscal provincial de Manabí, Karla Vélez, presentó los elementos de convicción necesarios, con los cuales el Tribunal conoció el nexo causal entre la infracción y la presunta participación de los procesados en los hechos.

Por esa razón, los funcionarios de la Prefectura de Guayas Cecilia H. (exdirectora de Desarrollo Comunitario) y Nelson G. (exdirector provincial Financiero), junto con los contratistas José V., Ana G., y Mary M. tendrán que enfrentar la etapa de juzgamiento.

El Tribunal, además, dispuso que se mantengan las medidas cautelares anteriormente impuestas, es decir: presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salida de país.

No obstante, a pesar de fundamentar el recurso de apelación en contra de una sexta procesada, los magistrados ratificaron el auto de sobreseimiento en favor de Kerly M., excoordinadora de Compras Públicas de la Prefectura.

La investigación de Fiscalía determinó la existencia de presuntas irregularidades, por presunto sobreprecio, en el proceso de adquisición de mascarillas y pruebas rápidas para la detección de Covid-19.

Estos contratos habrían sido suscritos por el Gobierno Autónomo Provincial del Guayas con personas naturales y empresas que estarían relacionadas con el exprefecto Carlos Luis M. (+), quien también estuvo procesado en esta causa.

El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona al tráfico de influencias con pena privativa de libertad de entre tres y cinco años.

 

Fuente: fiscalia.gob.ec

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