Cuando casi se acerca a cumplirse la mitad de los 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Metástasis, la Fiscalía General del EsTado continúa con la tarea de recabar elementos que le sirvan para fortalecer su tesis de que en esta causa existió una “empresa criminal” que se estructuró en torno al narcotraficante Leandro Norero para obtener, mediante sobornos y amenazas, fallos judiciales y beneficios penitenciarios para él, su familia y también para cercanos a quien se le conocía con el alias de El Patrón.
En un impulso fiscal del 1 de febrero pasado, el cual está firmado por Wilson Toainga, fiscal general subrogante, se oficia al jefe del Laboratorio de Criminalística de la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito para que disponga a los peritos de la sección que corresponda para obtener la información almacenada en dispositivos incautados en los allanamientos de 59 inmuebles y seis detenciones, la última la de Daniel Salcedo, quien en su poder mantenía dos teléfono celulares y un chip.
En total lo que se busca periciar son 134 teléfonos celulares, 72 USB, 38 laptops, 32 CD y DVD-R, 19 discos duros, 13 chips, 12 tablets, 6 memorias extraibles, 2 CPU y una grabadora. Todos estos equipos electrónicos reposan en el Centro de Acopio de Criminalística bajo las debidas cadenas de custodia del proceso.
El equipó de peritos que se designe deberá trabajar con integrantes del equipo interagencial de investigadores delegados para este caso. La Fiscalía informó que una vez se agote esta primera etapa pericial, posteriormente se señalará una fecha para que se realice ante los sujetos procesales de la causa la exhibición de la información obtenida en los dispositivos.
Esta información se sumará a la que ya es parte del expediente que cuenta hasta este momento con 293 cuerpos y en la que se incluye las conversaciones de chat hechas a través de la plataforma Threema y ubicadas en 15 teléfonos celulares que fueron encontrados en la celda del Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi que ocupaba Leandor Norero, al momento de ser asesinado el 3 de octubre de 2022.
Un total de 120 días durará la etapa de instrucción fiscal contra las 39 personas que por el momento son investigadas por integrar esta estructura delictiva. Un exjuez de la Corte Nacional, diez jueces provinciales, tres funcionarios judiciales, siete abogados en libre ejercicio, ocho policías, tres funcionarios de Fiscalía, tres exfuncionarios del Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) y cuatro personas más.
Durante esta semana que termina rindieron versión vía telemática los procesados Christian CH., Ángel L., Armando Vicente F., supuesto testaferro de Norero, y Armando R. También fueron convocados el director del SNAI, el general (sp), Pablo R.; el abogado que era parte de la cúpula criminal de Norero, Helive A., Héctor P. y el funcionario judicial Christian S., pero ninguno acudió, pues solicitaron se vuelva a convocar para la diligencia.
El expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y exjuez de la Corte Nacional, Wilman Terán, fue de los procesados en la causa que rindieron versión vía telemática desde la Cárcel 4, lugar en el que se encuentra recluido desde el 16 de diciembre pasado por una orden de prisión preventiva ordenada por el juez nacional Felipe Córdova. Según su abogado, Diego Chimbo, Terán dejó claro en su versión cómo llegó a la Corte Nacional de Justicia, al CJ y dio detalles de su proceder en ciertos procesos judiciales que son indagados por la Fiscalía.
Cuando casi se acerca a cumplirse la mitad de los 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Metástasis, la Fiscalía General del EsTado continúa con la tarea de recabar elementos que le sirvan para fortalecer su tesis de que en esta causa existió una “empresa criminal” que se estructuró en torno al narcotraficante Leandro Norero para obtener, mediante sobornos y amenazas, fallos judiciales y beneficios penitenciarios para él, su familia y también para cercanos a quien se le conocía con el alias de El Patrón.
En un impulso fiscal del 1 de febrero pasado, el cual está firmado por Wilson Toainga, fiscal general subrogante, se oficia al jefe del Laboratorio de Criminalística de la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito para que disponga a los peritos de la sección que corresponda para obtener la información almacenada en dispositivos incautados en los allanamientos de 59 inmuebles y seis detenciones, la última la de Daniel Salcedo, quien en su poder mantenía dos teléfono celulares y un chip.
En total lo que se busca periciar son 134 teléfonos celulares, 72 USB, 38 laptops, 32 CD y DVD-R, 19 discos duros, 13 chips, 12 tablets, 6 memorias extraibles, 2 CPU y una grabadora. Todos estos equipos electrónicos reposan en el Centro de Acopio de Criminalística bajo las debidas cadenas de custodia del proceso.
El equipó de peritos que se designe deberá trabajar con integrantes del equipo interagencial de investigadores delegados para este caso. La Fiscalía informó que una vez se agote esta primera etapa pericial, posteriormente se señalará una fecha para que se realice ante los sujetos procesales de la causa la exhibición de la información obtenida en los dispositivos.
Esta información se sumará a la que ya es parte del expediente que cuenta hasta este momento con 293 cuerpos y en la que se incluye las conversaciones de chat hechas a través de la plataforma Threema y ubicadas en 15 teléfonos celulares que fueron encontrados en la celda del Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi que ocupaba Leandor Norero, al momento de ser asesinado el 3 de octubre de 2022.
Un total de 120 días durará la etapa de instrucción fiscal contra las 39 personas que por el momento son investigadas por integrar esta estructura delictiva. Un exjuez de la Corte Nacional, diez jueces provinciales, tres funcionarios judiciales, siete abogados en libre ejercicio, ocho policías, tres funcionarios de Fiscalía, tres exfuncionarios del Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) y cuatro personas más.
Durante esta semana que termina rindieron versión vía telemática los procesados Christian CH., Ángel L., Armando Vicente F., supuesto testaferro de Norero, y Armando R. También fueron convocados el director del SNAI, el general (sp), Pablo R.; el abogado que era parte de la cúpula criminal de Norero, Helive A., Héctor P. y el funcionario judicial Christian S., pero ninguno acudió, pues solicitaron se vuelva a convocar para la diligencia.
El expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y exjuez de la Corte Nacional, Wilman Terán, fue de los procesados en la causa que rindieron versión vía telemática desde la Cárcel 4, lugar en el que se encuentra recluido desde el 16 de diciembre pasado por una orden de prisión preventiva ordenada por el juez nacional Felipe Córdova. Según su abogado, Diego Chimbo, Terán dejó claro en su versión cómo llegó a la Corte Nacional de Justicia, al CJ y dio detalles de su proceder en ciertos procesos judiciales que son indagados por la Fiscalía.
Entre las diligencias dispuesta por la Fiscalía, está varias dirigida al abogado en libre ejercicio Armando Vicente F., quien según la Fiscalía su colaboración dentro de la organización fue fungir como testaferro de los bienes de Leandro Norero, a más de brindar asesoramiento legal en la esfera tributaria empresarial destinada a cometer fraudes procesales en la justificación de bienes incautados por el delito de lavado de activos.
Sobre el procesado se pide a seis aerolíneas den información sobre el precio, forma de pago y todo lo referente a los viajes que realizó en 2022 a Estados Unidos, República Dominicana y Colombia.
Fuente: El Universo