La Contraloría General del Estado continuará presidida por Carlos Riofrío González, esa fue la respuesta del organismo de control a la sugerencia de un bloque de mayoría de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que “instaron” a su titular a salir de su cargo.
“La Contraloría General del Estado exhorta al Consejo de Participación Ciudadana a trabajar responsablemente por la institucionalidad del país y procesar con agilidad y oportunidad el concurso público de selección de contralor que inició el 14 de noviembre de 2022 y que, hasta la fecha, no ha logrado culminar”, suscribió ese organismo en un comunicado oficial divulgado este 4 de mayo de 2023.
De igual manera recuerda al CPCCS que la primera autoridad de la Contraloría debe ser reemplazada legal y legítimamente a través de un concurso público de méritos y oposición, como lo establece el artículo 208 de la Constitución.
En esa línea, les aclaró que “Carlos Riofrío González continuará como titular de este organismo, tal como lo ratificó la Procuraduría General del Estado en su pronunciamiento del 23 de febrero de 2022″.
Este cruce de comunicados se da luego que la noche de este 3 de mayo, cuatro vocales del CPCCS: Gina Aguilar, Teddy Tama, Olindo Nastacuaz y Graciela Mora, aprobaron una resolución en la que “instan” a Carlos Riofrío a observar el artículo 33 de la Ley de la Contraloría. Es decir, que deje su cargo y asuma un subcontralor.
La consejera Graciela Mora fue la que impulsó tratar esta resolución amparándose en un pedido de un colectivo llamado Frente de Perjudicados de la Contraloría, que solicitó al Consejo revisar la permanencia en el cargo de Riofrío como contralor subrogante.
A criterio del tercer interesado, el periodo de funciones prorrogadas que viene desempeñando Riofrío culminó en marzo del 2022, que corresponde a los cinco años para los que fue electo Carlos Pólit Faggioni (prófugo de la justicia ecuatoriana) en el 2017.
La Contraloría recordó que la “subrogación es el mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para asegurar la continuidad” de las actividades institucionales y que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana “ejecutar el procedimiento que posibilite designar al nuevo titular”.
Además, que “no existe norma legal” que le faculte al Consejo a encargar el ejercicio de las funciones de la primera autoridad de la Contraloría.
Fueron varios pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado en los que se aclaró que el CPCCS no tiene atribución para resolver el cese de funciones de una autoridad, los que detuvieron la intención de los cuatro vocales de remover a Riofrío.
Durante la plenaria de la noche del miércoles, la consejera Mora dijo que la Constitución en su artículo 208, numeral 3, establece “instar a las demás entidades de la Función de Transparencia y Control Social para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo”. Con lo que el objetivo era instar a Riofrío a que cumpla con el artículo 33 de la ley.
Con esa justificación, los consejeros Teddy Tama, Olindo Nastacuaz y Gina Aguilar respaldaron la postura de Mora y aseguraron que solo se “insta” a Riofrío a dar cumplimiento a la ley de la Contraloría.
Con la abstención de Mónica Moreira, Aland Molestina y Carlos Figueroa, y el voto afirmativo de los cuatro vocales, se aprobó una moción que señala instar a Carlos Riofrío a observar el artículo 33 de la ley de la Contraloría; y, en igual sentido al subcontralor del Estado, Alberto Jhayya Segovia, se lo instó a observar el artículo 33 de la ley de la Contraloría.
Dicho artículo establece: “Del subcontralor general del Estado.- El subcontralor general del Estado será designado por el contralor general. Reunirá los mismos requisitos y tendrá las mismas prohibiciones legales de aquel. Desempeñará las funciones que establezca el Reglamento Orgánico Funcional de la Institución y aquellas que le sean delegadas por el contralor general. Subrogará al contralor general en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular”.
Aunque el Consejo de Participación Ciudadana es el organismo encargado de realizar el concurso público para seleccionar a un nuevo contralor, el proceso no avanza en la comisión ciudadana de selección por la falta de acciones administrativas por parte del mismo CPCCS a lo que se sumó una acción de protección resuelta por un juez de la Unidad Judicial de Rumiñahui (Pichincha) que resolvió retrotraerlo hasta la fase de admisibilidad.
Es decir, a que se vuelvan a revisar los expedientes de más de 100 postulantes inscritos a que cumplan con los requisitos legales y constitucionales para ejercer un cargo público.
La mañana de este 4 de mayo, la consejera Graciela Mora insistió en que un subcontralor debería asumir las funciones en lugar de Riofrío y descargó en la comisión ciudadana de selección el poco avance en el concurso, porque el CPCCS “no tiene responsabilidad” de realizarlo.
Pero a su criterio, ello no “significa que ahora no se pueda hacer un cambio, porque debe hacerse, porque si el 14 de marzo (Carlos Riofrío) cumplió sus funciones, está ocupando un espacio que no le corresponde”.
Mora aseguró que no está pidiendo que “se vaya uno y suba otro, sencillamente que se cumplan las normas y que sea una persona con probidad la que asuma”.
“Es cierto que nos hemos retardado en el concurso; pero no es el Consejo el que toma la decisión, sino las comisiones ciudadanas a las que deberían acercarse para conocer qué pasa con los concursos”, agregó Mora en declaraciones de prensa.
Por su parte, el consejero Carlos Figueroa, quien forma parte de la minoría junto con Mónica Moreira y Aland Molestina y que se abstuvieron en votar por esta resolución, consideró que el objetivo de esta acción es “molestar” a la institución.
“Lo que estaban haciendo (los cuatro consejeros) es dando vueltas a ver si podían sacar al contralor Riofrío de su cargo, diciendo que pasó el tiempo por el cual fue nombrado y que había que cambiar al otro subcontralor. Lo que están diciendo con esa resolución es ‘vea, señor contralor, déjele el puesto al otro subcontralor porque el periodo (de Pólit) se acabó’. Al contrario, lo que se debería hacer es impulsar el concurso público, pero todas las acciones dirigidas desde la Asamblea Nacional, las acciones de protección propuestas por ‘ciudadanos’ y desde el mismo Consejo de Participación han sido para romper el concurso”, opinó Figueroa.
Fuente: El Universo