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Candidatos que no usen mascarillas podrían ser sancionados con multas, trabajo comunitario y hasta con justicia indígena

Las ordenanzas y sanciones que establecen la obligatoriedad del uso de la mascarilla están vigentes en la mayoría de los cantones, a nivel nacional, a las que se han sumado algunas prohibiciones como realizar mítines políticos o disposiciones como solicitar antes autorización para efectuar alguna actividad política, en la que debe primar el distanciamiento social, y hasta aplicación de la justicia indígena donde tenga jurisdicción.

Sanciones que podrían enfrentar también los candidatos, quienes ante las próximas elecciones ya están en precampaña electoral en el país, así como sus simpatizantes o acompañantes si no cumplen con el uso de la mascarilla. Al momento, varias organizaciones políticas ya han sido multadas por no adoptar las medidas de bioseguridad para evitar aglomeraciones.

Algunos alcaldes señalan que es difícil controlar el uso de la mascarilla porque, por ejemplo, a veces el candidato llega de improviso a realizar caravanas o caminatas.

En Guayaquil se mantiene vigente la ordenanza de su uso obligatorio en los bienes, espacios públicos y privados de concurrencia, así como en la transportación pública. La multa es del 20% del salario básico unificado ($ 80), dependiendo de la gravedad del incumplimiento o trabajo comunitario de 8 a 16 horas. En caso de reincidencia se sancionará con el doble de la multa ($ 160) y serán acumulables cada vez que infrinja la disposición.

Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, señala que el uso de la mascarilla es una sanción de tipo individual, por lo que va dirigida a la persona. «Yo no puedo sancionar en la calle a un partido por el mal uso de la mascarilla, yo lo sanciono por el mitin que está prohibido, tendría que abrir un proceso a cada ciudadano por el no uso de la mascarilla», señala.

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