La presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó este martes el balance de gestión del año 2023 –el sexto de su Gobierno–, acompañada del premier Alberto Otálora y el resto del gabinete.
En su exposición se enfocó en las acciones del Ejecutivo en materia de gobernabilidad, economía, seguridad y programas sociales.
Gobernabilidad, economía e inversiones
“Recibí un país al borde de un abismo, fragmentado y polarizado”, sostuvo Boluarte al inicio de su comparecencia, en la que destacó que en este año se centró en garantizar “la estabilidad democrática” necesaria para gobernar a partir del establecimiento de “un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado”.
A este respecto apuntó que el Congreso debe “concluir el debate sobre la reforma, que debe discutir también el modelo político híbrido presidencial-parlamentario y resolver temas constitucionales como la incapacidad moral permanente y la cuestión de confianza”.
En términos económicos, aseguró que su Gobierno puso en marcha “un plan de reactivación económica” orientado a “dinamizar la demanda interna” y promover “la agricultura familiar”.
“Ha sido fundamental construir un escenario de gobernabilidad con estabilidad jurídica y reglas claras, y afianzar la imagen del Perú como destino de inversiones en el que hemos avanzado en los últimos meses. El 2024 debe ser el año de nuestra economía”, sostuvo.
En relación con la inversión pública destinada a mejorar la calidad de vida, refirió que “están en marcha diversos proyectos” para garantizar el acceso al agua potable que hoy le falta a miles de personas, pese a que se trata de “un elemento básico para la vida y la salud”.
Criminalización de la protesta y expulsión de migrantes
Boluarte dijo estar consciente que “el problema central de los peruanos es la inseguridad ciudadana“. “Soy madre de familia y veo con estupor cómo los hechos de violencia son cada vez más escabrosos, llegándose al extremo de secuestrar a menores de edad”, indicó.
En su argumentación atribuyó parte de la crisis de seguridad interna al estado en el que se encontraban las fuerzas policiales cuando asumió el poder.
Empero, la aparente precariedad del cuerpo no impidió que, en su decir, la Policía Nacional ejecutara “más de un millón de operativos”, que se tradujeron en la captura de “66.000 requisitoriados” y la desarticulación de 167 grupos delictivos y en la detención de “cabecillas del Tren de Aragua y Los Gallegos“.
Adicionalmente aludió al “endurecimiento de las sanciones para quienes bloquean impune y violentamente las carreteras” –”ese delito ahora contempla una severa pena de 10 a 15 años de prisión”, agregó–, así como “a la expulsión de extranjeros que cometan actos delictivos en el país y la prohibición de su reingreso” a través de medidas judiciales expeditas.
“Mi gobierno ha tomado la iniciativa de reforzar el control migratorio, brindar facilidades a los buenos extranjeros que vienen a trabajar en el país y, principalmente, proteger toda la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas”, subrayó.
Con respecto a los señalamientos sobre la actuación de su Administración en materia de derechos humanos en el contexto de las protestas, argumentó que se había pedido perdón a las víctimas y a sus familiares y se amplió el presupuesto de la Fiscalía “para que pueda investigar aquellos fallecimientos”.
Liberación de Fujimori
Tras la presentación del balance, Boluarte fue interpelada por los medios sobre la liberación del expresidente Alberto Fujimori, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) recomendó que no se hiciera efectivo el fallo judicial en virtud de que fue condenado por delitos de lesa humanidad.
Sobre este asunto, la mandataria recalcó que su Gobierno ha sido “respetuoso de la institucionalidad, el Estado de derecho y la democracia”.
“Dentro de ese marco legal, la liberación del señor Fujimori calza en ese respeto a la autonomía de las instituciones del país. Ha sido un mandato del Tribunal Constitucional. Si nosotros, como Ejecutivo, no hubiéramos acatado, estaríamos incumpliendo ese mandato”, defendió.
En su lugar, descargó la responsabilidad en la CorteIDH, que ha demorado su pronunciamiento sobre las medidas cautelares introducidas por las víctimas de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos tras el indulto que promulgara el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Polémicas recientes
Un reciente sondeo de la encuestadora Ipsos puso a Boluarte a la cabeza de una lista de “personajes negativos” de 2023, al acumular 49 % de las primeras menciones. La secundan el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón (30 %) y el expresidente Pedro Castillo (25 %).
En las últimas semanas, Boluarte ha estado nuevamente en el foco de la opinión pública, tras estallar un escándalo que involucra a su hermano Nicanor en la concesión de contratos en favor de su amigo, el empresario Víctor Hugo Torres Merino, cuando la ahora mandataria comandaba el Ministerio de Desarrollo Social, algo que ella ha negado.
Por su lado, un grupo de congresistas de izquierda presentó la semana previa una moción de vacancia en contra de la presidenta por “abandono de cargo”, dado que al no contar con un vicepresidente, despacha telemáticamente cada vez que viaja al extranjero amparada en una ley aprobada por el Legislativo que no ha estado exenta de polémica.
Fuente: actualidad.rt.com