La presidenta de Perú, Dina Boluarte, festejó este jueves el recientemente estrenado ‘Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia’, en el marco del primer año de su gobierno, que estuvo marcado por fuertes protestas sociales.
“Solo en democracia nuestro país podrá impulsar su crecimiento y su desarrollo, solo en democracia podremos alcanzar la justicia social y la igualdad que tanto anhelamos”, aseveró Boluarte tras un izamiento de la bandera peruana en el distrito de Pueblo Libre, departamento de Lima.
En su discurso, Boluarte criticó a su antecesor, el exmandatario Pedro Castillo, en la misma línea de lo esbozado más temprano por el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en redes sociales.
“Esa impronta golpista estaba condenada al fracaso desde un principio”, expresó la exvicepresidenta de Castillo.
Luego de reconocer la “frágil democracia” en Perú, habló de “retos enormes” que debe afrontar en la nación andina y puntualizó que sus principales objetivos son la reactivación económica, la seguridad ciudadana y la preparación para un eventual fenómeno del Niño.
“Con ese propósito, en los últimos meses hemos logrado afianzar a nivel internacional la imagen del Perú como destino de inversiones y está en marcha un ambicioso plan económico que nos permitirá recuperar los empleos y mejorar las condiciones de vida”, dijo.
Nuevas movilizaciones
Boluarte, quien presenta la aprobación más baja de las dos últimas décadas en Perú, enfrenta este jueves nuevas manifestaciones con la misma demanda: su renuncia al cargo.
Gremios, colectivos y bases sindicales de 26 regiones del país acatan la marcha nacional contra el Gobierno, según reportó el diario local La República.
Se trata de un paro nacional que proseguirá hasta el sábado 9 de diciembre para expresar su repudio al escándalo en el Ministerio Público, donde presuntamente está enquistada una organización criminal liderada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Además, ciertos sectores protestarán en contra de la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, y que el miércoles pasó la noche en la casa de su hija tras una orden del Tribunal Constitucional (TC).
“Estamos de duelo”, afirmó Gisela Ortiz, hermana de una víctima de la matanza en La Cantuta, una de las masacres por las cuales fue sentenciado Fujimori.
En un mensaje en X contestó a Otárola: “¿De qué país justo y democrático habla cuando acaban de regalarle la libertad indebida a un condenado por violaciones a derechos humanos? (…). No se celebra en un país con 50 asesinados por órdenes de su Gobierno”, escribió Ortiz.
En ese sentido, para las 4:00 de la tarde (hora local) está convocada una marcha en la Plaza Dos de Mayo, en Lima, contra Boluarte, Otárola, Benavides, el Congreso de la República y el TC. “Que se vayan todos”, será otra vez la consigna.
Posición de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó al Estado peruano “la importancia de garantizar el derecho a la protesta pacifica“.
En una publicación exhortó a las fuerzas de seguridad del orden a regirse por “principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
Entretanto, ni la CIDH ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado sobre la excarcelación de Fujimori.