El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro será juzgado por el fracasado intento de golpe de Estado ejecutado el 8 de enero de 2023, tras la victoria presidencial del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El ultraderechista, quien niega las acusaciones y afirma que es víctima de una persecución política, es señalado como uno de los principales conspiradores en la intentona, al incentivar y ejecutar actos golpistas “contra los tres poderes y contra el Estado democrático de derecho”, tras perder las elecciones presidenciales de 2022.
La decisión fue tomada este miércoles de forma unánime por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), luego que los cinco ministros votaran a favor de proceder con la denuncia presentada por la Fiscalía o Procuraduría General de la República (PGR).
Los jueces que decidieron procesar penalmente a Bolsonaro fueron el ministro Alexandre de Moraes (ponente), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, quienes además decidieron judicializar también a otros siete exfuncionarios que habrían actuado como cómplices de la conspiración golpista.
Entre estos acusados, además de Bolsonaro, considerados por la Fiscalía como el “núcleo crucial” del intento de ruptura del orden democrático en Brasil se encuentran:
- Alexandre Ramagem , ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN)
- Almir Garnier, ex comandante de la Marina
- Anderson Torres, exministro de Justicia
- Augusto Heleno, ex ministro del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia
- Mauro Cid, ex ayudante de campo de la Presidencia
- Paulo Sérgio Nogueira, ex ministro de Defensa
- Braga Netto, exministro de Casa Civil
¿Ahora qué procede?
De acuerdo con el medio local G1, Bolsonaro y sus presuntos cómplices serán imputados en este caso por cinco delitos graves que los podrían a llevar varias décadas en prisión:
- Abolición violenta del Estado democrático de derecho
- Golpe de Estado
- Organización criminal
- Daños calificados a los bienes de la Unión
- Deterioro del patrimonio catalogado
Durante el proceso de judicialización tanto los fiscales de la PGR como los abogados defensores, deberán presentar argumentos finales que servirán a los ministros del STF para absolver o condenar al exmandatario y demás involucrados.
De igual forma los togados de STF ampliarán la investigación criminal, recopilarán más pruebas, convocarán audiencias e interpelarán a los involucrados.
Fuente: actualidad.rt.com
