A los siete concursos públicos de selección de autoridades del Estado que se llevan a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se sumaría uno más: iniciar con la elección de los representantes de los afiliados y jubilados ante el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
El presidente del directorio del Biess, Alfredo Ortega Maldonado, solicitó oficialmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que incluya en su cronograma de actividades la designación de los delegados de los afiliados activos y de los jubilados y los suplentes, tomando en cuenta que su periodo en funciones culmina el próximo 20 de mayo de 2023.
Esa designación se establece en la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en su artículo 8 señala que estos dos delegados: de los afiliados activos y de los jubilados son elegidos por concurso público de oposición y méritos con la dirección y vigilancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Fue el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) que efectuó el último concurso público y designó a las autoridades el 10 de abril de 2019 y el 20 de mayo fueron posesionados en el pleno de la Asamblea Nacional.
En ese proceso resultaron electos, en representación del vocal principal por los jubilados, Marco Naranjo Chiriboga con un puntaje de 84,86 y su suplente es Álex Espinosa Moya con 77,43 puntos.
El vocal principal representante de los afiliados activos fue Wilmer Cóndor Paucar con 81,86 puntos; y, Mónica Ayala Segovia, como suplente, con 66,71 puntos.
La ley del banco del Biess establece como requisitos para ser miembro del directorio, ser ecuatoriano y estar en pleno goce de los derechos de participación política; ser mayor de 35 años; tener título profesional de al menos tercer nivel, en finanzas, mercado de capitales, administración de empresas, economía, derecho o materias afines; acreditar una experiencia mínima de cinco años en actividades relacionadas con dichas materias.
También, acreditar probidad e idoneidad en el ejercicio de su profesión y en las funciones desempeñadas; y, cumplir con los requisitos establecidos en las normas de carácter general emitidas por la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos.
No pueden participar aquellos que se hallen inhabilitados para ejercer el comercio; estar en mora, directa o indirectamente, en el pago de sus obligaciones en cualquiera de las instituciones del Estado o de las instituciones bajo control de la Superintendencia de Bancos, incluidas las offshore.
Tampoco deben estar en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por obligaciones patronales o personales; tener vinculación, por propiedad o administración, con las instituciones del sistema financiero y del sistema de seguros privados, con las bolsas de valores del país, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y Fideicomisos, de acuerdo con las normas que la Superintendencia de Bancos emita para el efecto.
Ser funcionario o empleado del IESS, salvo el caso del presidente del Directorio; tener interés propio o representar a terceros en la propiedad, la dirección o la gestión de las compañías aseguradoras u otras personas que integran el sistema nacional de seguridad social.
El vocal Marco Naranjo Chiriboga alertó a Ortega que en enero pasado solicitó al CPCCS que informe sobre los avances en el proceso de selección, ya que su periodo de gestión culminará el 20 de mayo de 2023.
Actualmente, el Consejo de Participación Ciudadana tiene en ciernes la conformación de las comisiones ciudadanas que deberán organizar los concursos públicos para renovar al titular de la Defensoría del Pueblo; a dos jueces, principales y suplentes, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE); a los 25 representantes de la sociedad civil ante los cinco Consejos Nacionales para la Igualdad; a los dos miembros del Comité Intersectorial de Desarrollo de Fronteras; y, a los nueve integrantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa).
En tanto que hay tres comisiones ciudadanas conformadas que llevan a cabo los concursos de méritos, oposición e impugnación para seleccionar al titular de la Contraloría General del Estado; de la Defensoría Pública; y, renovar a dos vocales, principales y suplentes, del Consejo Nacional Electoral (CNE).
También está pendiente la selección del titular de la Superintendencia de Protección de Datos y se espera que la Legislatura posesione a Roberto Romero von Buchwald como autoridad de la Superintendencia de Bancos, que fue electo con el voto de mayoría de los exconsejeros destituidos, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.
Los tres exvocales de minoría Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos no participaron de la plenaria del 3 de diciembre de 2022 cuando se eligió a Romero, de una terna enviada por el presidente de la República, Guillermo Lasso.
Fuente: El Universo