CIUDAD DE MÉXICO.- En octubre de 2024, Andrés Manuel López Obrador culminará su mandato como presidente de México. Sobre la balanza de su gestión se ponen las políticas aplicadas en materia de seguridad que lucen alejadas de las metas anunciadas.
“Ya no me va a alcanzar el tiempo”, señaló López Obrador el pasado 29 de enero al ser consultado, durante una conferencia de prensa, sobre cambios en su estrategia de seguridad.
El mandatario mexicano atribuyó a administraciones pasadas el hecho de que su gobierno registra la mayor cantidad de homicidios desde 1990. “Esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo”.
También ha argumentado: “Si acumulas las cifras, es el de más muertos. Pues sí, pero tienes que tomar en cuenta a dónde lo agarramos. Si continuamos con la misma política, lo vamos a resolver”, argumentó.
Hasta diciembre de 2023, el gobierno de López Obrador, también conocido como AMLO, sumaba 161.500 homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esto se traduce en un promedio de 2.737,59 homicidios al mes y 17,65% más que en el gobierno anterior, el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En 2023, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) destacó que AMLO no logró la promesa de pacificar el país.
“La seguridad está literalmente detenida con alfileres”, expresó Francisco Rivas, director general del ONC al presentar el informe denominado “Cuatro años perdidos en materia de seguridad”.
El observatorio puso la lupa sobre los homicidios dolosos, feminicidio y otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal; además de la extorsión, y otros delitos que atentan contra la libertad personal; el robo a negocio; narcomenudeo; trata de personas; violación y violencia familiar.
El ONC caracterizó las políticas de seguridad de López Obrador al referir el desgaste institucional, la centralización de las decisiones; “pura operación y cero planeaciones” y una mayor fragilidad presupuestaria. Refirió que, en 2018, de cada 100 pesos de gasto público se dedicaban 4.2 pesos a seguridad pública, pero en 2022 se asignaron solo 3.2 pesos.
“Las organizaciones delictivas han permanecido y su operación ha evolucionado en detrimento del bienestar de la población, principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. En seguridad pública se han llevado a cabo reformas del marco jurídico. Se advierte que los resultados han sido mínimos o nulos en algunos rubros”, subrayó el director del Observatorio Nacional Ciudadano.
Agregó que, aunque el gobierno prometió acabar con la impunidad, “no ha generado herramientas jurídicas adecuadas para cumplirlo”,
El informe del ONC puntualiza también que “la austeridad y el cambio de paradigma de seguridad pregonado por el gobierno no se ven materializados en el gasto público en seguridad. El presupuesto ejercido sigue concentrándose en combatir al crimen y en menor medida a prevenir el delito y a procurar e impartir justicia”.
Seguridad fuera de agenda
Al presentar su quinto informe de gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se refirió a la situación de los desaparecidos en México o al desafío de los grandes cárteles de la droga.
“Toda su referencia a la inseguridad quedó reducida a un minuto en más de una hora y media de intervención y a alabar la labor de las Fuerzas Armadas en ese ámbito”, registró AP en septiembre de 2023.
La agencia apuntó que, pese a que las cifras de homicidio en México han disminuido, “no lo han hecho en los porcentajes que dice el presidente, quien se atribuye algunas disminuciones de la administración anterior”.
AMLO aseveró que funciona su política de “abrazos, no balazos”, la cual evade la confrontación abierta con los grupos criminales. Defendió su estrategia de atender las causas de la violencia con programas de capacitación para jóvenes bajo el principio de que la paz es fruto de la justicia.
“Los delitos del fuero federal se han reducido en 24 por ciento; el homicidio, en 17 por ciento; el robo, en 26 por ciento; el feminicidio, en 29 por ciento; el robo de vehículo, en 44 por ciento y el secuestro, en 80 por ciento”, enfatizó López Obrador.
Jonathan De Vicente Encarnación, director en la organización México Unido Contra la Delincuencia, subrayó en un artículo que “si bien es cierto que las cifras oficiales destacan algunas disminuciones, es necesario analizar esto con perspectiva, porque, entre otras cosas, demuestran, por un lado, avances más bien modestos ante la magnitud de la crisis de inseguridad y violencia”.
“En los casos de homicidio doloso y feminicidio se registraron 18,102 víctimas en los primeros siete meses de 2023, es decir, una leve disminución de 3% respecto al mismo período de 2022”.
El año pasado, la senadora Kenia López Rabadán, del Partido de Acción Nacional, aseguró que el gobierno de AMLO “ha fracasado rotundamente en materia de seguridad y se ha rendido frente al crimen organizado”.
La parlamentaria dijo que las cifras hablan: “Durante esta administración, más de 162.000 personas han sido asesinadas y más de 44.000 se encuentran desaparecidas”.
López denunció que, en las fronteras de México, “tanto en el norte como en el sur, el crimen organizado se disputa el territorio”.
Periodistas bajo amenaza
México es el país más peligroso en zona de paz para ejercer el periodismo y en el cómputo global solo es superado por Palestina, señaló Reporteros Sin Fronteras (RSF) en diciembre de 2023.
La organización indicó que México tiene el mayor número de periodistas asesinados en América Latina, que registró un total de 6 muertes a nivel continental.
“Como país, México tiene también la mayor tasa de muertes en el último lustro (46) y actualmente sus 31 profesionales de la prensa desaparecidos representan más de un tercio de los periodistas en paradero desconocido”, expresó RSF.
Para la organización, “aunque el número de periodistas asesinados en América Latina ha caído significativamente (…) los profesionales de la información siguen sin trabajar con seguridad, como demuestran los recientes secuestros y ataques armados en México”.
Dentro de los periodistas asesinados entre mayo y junio de 2023 se encuentran Gerardo Torres, director de la Agencia Red Noticias, Nelson Matus, director de Lo Real de Guerrero, Luis Martín Sánchez corresponsal de La Jornada, y Marco Aurelio Ramírez, locutor de Tereo Luz FM: todos tenían en común que investigaban el crimen organizado.
“Condeno el asesinato de Gerardo Torres Rentería e insto a las autoridades a investigar este asesinato. Los periodistas desempeñan un papel fundamental a la hora de informar al público e investigar irregularidades, y deben ser protegidos”, expresó la directora general de la Unesco, Audrey Azolauy.
Campaña dudosa
A principio de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como calumnias los informes que hablan de un presunto financiamiento del Cartel de Sinaloa durante la campaña electoral en 2006 y enfatizó que “no hay pruebas”. En estas elecciones, ganó Felipe Calderón.
Testigos habrían informado a la agencia antidrogas de los Estados Unidos, DEA, que hubo un aporte de $2 millones a la campaña de AMLO.
Los informes fueron liberados por los medios ProPublica de EEUU, Deutsche Welle de Alemania y el Centro de estudios Insight Crime.
“Denuncio al gobierno de EEUU de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política. ¿Cómo es que se orquesta esto? Tiene que salir la DEA a decir si es cierto o no, cuáles son las pruebas; pero no la DEA, el Departamento de Estado”, puntualizó López Obrador.
Fuente: diariolasamericas.com