Con una inestabilidad política de por medio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cerró la etapa de inscripciones de candidatos en la organización de dos concursos públicos de selección de autoridades, como es el de los titulares de la Contraloría General del Estado y de la Defensoría Pública.
Desde el 14 de noviembre y hasta este viernes 25 se abrió un periodo de diez días para que los ciudadanos interesados inscriban su postulación para participar en los concursos de méritos para elegir a un nuevo contralor y defensor público.
En el primer caso, la institución está presidida por Carlos Riofrío González, quien lleva prorrogado desde marzo pasado, cuando terminó el periodo 2017-2022 para el cual fue electo Carlos Pólit, pero renunció (en el 2017) y a la vez fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional y procesado por concusión por su vinculación al caso Odebrecht.
Lo sucedió Pablo Celi, quien también renunció y fue censurado por la legislatura y ahora enfrenta un juicio por el delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. Él nombró a Valentina Zárate, quien renunció, y luego asumió Riofrío, quien encabeza dicho organismo hasta que se elija a su reemplazo.
Respecto de la Defensoría Pública, está presidida por Ángel Torres Machuca, quien está como encargado desde agosto del 2018, cuando el CPCCS de transición lo designó en ese cargo y no eligió una autoridad titular al declarar desierto el concurso que en ese entonces realizaba.
Torres Machuca se volvió a inscribir en este nuevo proceso, buscando la reelección.
De acuerdo con información preliminar, para el proceso de elección del contralor se registraron más de 120 personas y para el defensor público, más de 60.
Sin embargo, inscritos formalmente, con la entrega de sus documentos físicos, hasta las 18:40 para la elección del contralor se reportó 117, y para la Defensoría, 54. Aún resta la llegada de expedientes del exterior.
El organismo no divulgó los nombres de los inscritos hasta cotejar la información, aunque se pudo constatar la inscripción de Darwin Seraquive, exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana de Transición.
Seraquive acudió el pasado miércoles a presentar su documentación y divulgó un video en sus redes sociales en los que exalta ser un candidato que cumple con los requisitos para llegar a esa función.
Para el concurso de Contraloría, el mayor número de postulantes proviene de Pichincha, que tenía más de 50 inscritos; de Guayas, 20; para el defensor público, de Pichincha había alrededor de 30 inscritos y los demás son de provincias en los que se presentaron cuatro, cinco y uno o dos candidatos.
Sin embargo, estos dos procesos avanzan en medio de la incertidumbre por una pugna política que enfrenta el organismo, con cuatro consejeros que ejercen funciones acogiéndose a una medida cautelar en el trámite de una acción de protección por un juez de La Concordia, que suspendió los efectos de un juicio político que se sustanció en la Asamblea Nacional, como es la censura y destitución.
Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo fueron restituidos en sus cargos con esta garantía jurisdiccional y defienden el desarrollo de los concursos públicos.
Del otro lado están Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, que integran la minoría, no fueron interpelados por la legislatura y objetan estos concursos por la reforma al reglamento para la elección del contralor que se realizó en marzo pasado.
La vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira reconoció que la polémica que vive el organismo afectó la participación ciudadana.
“No podemos tapar el sol con un dedo, creo que sí han afectado los acontecimientos de las últimas horas y esto es por culpa de la Asamblea Nacional que quiere apoderarse de la selección de las autoridades, y no se los vamos a permitir. No le es fácil vulnerar y hacer tabla rasa de la ley, eso no lo vamos a permitir ni a la Asamblea ni a ningún partido político, porque lo único que quieren es tomarse por asalto la selección de las autoridades”, manifestó la vocal.
En contraparte, Almeida consideró que debe “tomarse una decisión” que permita revisar los procedimientos con los cuales se conformó la comisión ciudadana para designar el contralor.
Para ella, se vulneraron derechos de los candidatos a las comisiones, porque se cambiaron “las reglas del juego” en el momento que los cuatro consejeros reformaron el reglamento para elegir al contralor y por lo que fueron enjuiciados políticamente
Pero hacerlo requeriría una “voluntad mínima de cuatro consejeros y es mejor que seamos siete los que tomemos una decisión para que los procesos terminen pronto y en aras de que se culminen con transparencia e independencia del poder político, tenemos que tomar una decisión”, opinó Almeida.
Aunque, a criterio de Hernán Ulloa, quien preside el CPCCS, las comisiones ciudadanas están “blindadas” y sería imposible revisarlos, pues incluso se utilizaron recursos para las publicaciones en medios de comunicación.
Por lo pronto, una vez que terminó la fase de postulación en estos dos concursos públicos, las comisiones ciudadanas serán notificadas con el número de inscritos y los expedientes para que, en un plazo de ocho días, se encarguen de verificar el cumplimiento de requisitos legales y que no estén incursos en prohibiciones constitucionales.
Quienes superen esta fase serán admitidos y las comisiones emitirán la resolución que incorpore a aquellos que cumplieron los requisitos. Con ello, se abrirá la etapa de calificación de méritos, es decir, se puntuarán títulos, experiencia laboral, capacitaciones, publicaciones e iniciativas ciudadanas.
En el caso del concurso público para la renovación parcial de dos vocales -principales y suplentes- del Consejo Nacional Electoral (CNE), la comisión ciudadana no ha avanzado con la aprobación del texto borrador de convocatoria a las postulaciones.
La comisión se reunió este 25 de noviembre para aprobar una propuesta de formulario de postulación, pero no hubo los votos, por lo que se suspendió la sesión para incorporar sugerencias de sus miembros.
A propósito, el presidente de esta instancia, Roberto Bhrunis, (excandidato a asambleísta y exjuez de la Corte Constitucional de Transición que funcionó en el gobierno de Rafael Correa), solicitó al pleno del CPCCS que acepten su renuncia a percibir las dietas, que corresponde al 33,3 % de la remuneración de un consejero. El pleno no ha tomado una resolución.
El Consejo Nacional Electoral debía renovarse en noviembre del 2021, pero el CPCCS no avanzó en la organización del concurso, por lo que los actuales consejeros: Enrique Pita, José Cabrera, Diana Atamaint, Elena Nájera y Esthela Acero, y los suplentes se encuentran en funciones prorrogadas hasta que se elija a los reemplazos de dos de sus miembros.
La elección del titular de la Superintendencia de Bancos, que se realiza por una terna enviada por el presidente de la República, también está en curso. La mayoría de cuatro consejeros resolvió que los tres candidatos propuestos por el mandatario Guillermo Lasso cumplieron los requisitos y no están incursos en inhabilidades, por lo que convocó a la fase de impugnación ciudadana.
Roberto Romero von Buchwald, Rosa Herrera Delgado y Felipe Cabezas-Klaere postulan a ocupar esta función, por lo que la ciudadanía podrá objetarlos si conoce que incumplen un requisitos o carecen de probidad e idoneidad hasta el próximo 28 de noviembre.
Fuente: El Universo