Autoridades y expertos internacionales expusieron sus aportes al proyecto de ley de Uso Progresivo y Proporcional de la Fuerza

La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recibió al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, al representante de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y a expertos internacionales, para que presenten sus aportes y observaciones a los proyectos de Ley sobre el Uso de la Fuerza Unificados.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela mencionó que se debe aclarar en el proyecto cómo va a actuar la fuerza pública en el caso que los ciudadanos hagan uso de su derecho a la protesta. Enfatizó que desde la institución Judicial están de acuerdo con la creación del Consejo Nacional de Política Criminal y sugirió que la normativa se ajuste las políticas y roles que desempeñará el organismo.

Karín Jaramillo, directora jurídica de AME, indicó que los proyectos presentados por el Ejecutivo y los exlegisladores César Solórzano y César Litardo no tienen un régimen integral y sugirió que se analice a profundidad los derechos que se están protegiendo, así como revisar si los mecanismos planteados, funciones, facultades, atribuciones están acorde con el régimen de competencias constitucional. Finalmente señaló que ninguno de los tres proyectos tienen los estándares de las políticas públicas exitosas a nivel regional.

Víctor Hugo García, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos sostuvo que la Ley se enfoca en las fuerzas de seguridad y la intervención de las Fuerzas Armadas. Propuso que para tener una regulación respetuosa de los Derechos Humanos se excluya a las FF.AA de la ejecución de la pena. Recomendó que la Ley priorice la profesionalización y especialización de los servidores penitenciarios, criterio que fue compartido por José Luis Legarreta, defensor público penal y miembro de la Asociación Americana de Juristas de Argentina.

Elisa Franco y Romina Ampuero, representantes del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial de Chile, mostraron su preocupación por las normativas propuestas, debido a que no contemplan el accionar del Estado frente a la vulneración de derechos por el uso excesivo de la fuerza en contra de los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta. “Una mala aplicación de la ley repercute directamente en la sociedad civil”, añadió Romina Ampuero.

“El proyecto de ley debería incorporar un mecanismo administrativo de reparación para las víctimas”, expresó Mar Pérez, de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos de Perú, quien además sugirió que los policías deberían contar con identificaciones visibles para determinar responsabilidades de la fuerza pública, así como también la colocación de cámaras de seguridad en los vehículos policiales, a fin de detectar violación de los derechos humanos.

En otro orden, la Comisión resolvió, con ocho votos afirmativos, solicitar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) la unificación del proyecto de Ley de Prevención del Delito, presentado por la asambleísta Marcela Holguín, que actualmente se encuentra en trámite en la Comisión de Justicia, con el Código Orgánico de Seguridad Integral.

KC/pv

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