Este viernes, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió a las autoridades de BanEcuador, Banco Nacional de Fomento (BNF) en liquidación y de la Superintendencia de Bancos, quienes informaron sobre la aplicación de los decretos ejecutivos relacionados con la condonación de deudas.
Gianni Frixone, liquidador del BNF, explicó que la entidad utilizó diversos mecanismos para informar a la ciudadanía sobre el proceso de condonación de deudas. Entre ellos, destacó el uso de la página web para brindar asesoría documental y acompañamiento a los beneficiarios. Además, mencionó que se emplearon redes sociales y comunicados de prensa para difundir la información sobre el cierre del proceso y garantizar su transparencia.
Por su parte, Jonathan León, representante de BanEcuador, detalló que la institución llevó a cabo el proceso de condonación en dos fases, considerando la operatividad del banco y logrando un total de 13 315 condonaciones. Álvaro Flores, también de BanEcuador, agregó que la condonación se aplicó automáticamente a beneficiarios del sector pecuario y agrícola, quienes fueron notificados a través de llamadas telefónicas. Asimismo, precisó que para acceder al beneficio se debía cumplir con ciertos requisitos y que, actualmente, el proceso se encuentra cerrado.
En este contexto, la legisladora Mónica Salazar resaltó la necesidad de reactivar los infocentros en las zonas rurales para facilitar estos trámites a la ciudadanía, ya que muchos de ellos permanecen cerrados.
Por otro lado, Fernando Varela, delegado de la Superintendencia de Bancos, presentó un informe técnico sobre el seguimiento a las operaciones condonadas. Destacó que tanto BanEcuador como el BNF en liquidación han manejado una cartera productiva enfocada en el sector agrícola.
Por último, Fernando Varela, en su calidad de delegado de la Defensoría del Pueblo, destacó que la entidad ha solicitado información a BanEcuador y ha ejecutado acciones para garantizar el cumplimiento del decreto ejecutivo. Señaló que los informes pertinentes han sido entregados a la Asamblea Nacional y reafirmó el compromiso de la Defensoría del Pueblo en la protección de los derechos de los usuarios del sistema financiero. (I)
