(AUDIO)Al menos 43 de 66 unidades judiciales estarían sobredimensionadas, según la Judicatura

Aquiles Rigaíl, vocal del Consejo de la Judicatura transitorio (CJ), agregó “elementos de convicción” a los contratos de construcción de obras y de fiscalización, en los que el organismo encontró indicios de irregularidades y que deberán ser auditados por la Contraloría General del Estado.

Lo hizo la mañana de este viernes 28 de septiembre del 2018 en Guayaquil.

En rueda de prensa explicó que hay “sobreprecios escandalosos” que llegan hasta un 72% como es el caso de la Unidad Judicial Latacunga que fue contratado por USD 7,14 millones. Según el vocal, el excedente en esta infraestructura sumaría USD 5,14 millones.

Pero también comentó que otras irregularidades se identificaron las áreas de dependencias judiciales comparadas con números de funcionarios. Para ello se hizo un análisis de 66 unidades judiciales construidas. De ellas, 43 estarían sobredimensionadas. “En el cantón Balsas, por ejemplo, que tiene apenas seis funcionarios tiene tres mil metros cuadrados de construcción, es decir parece una cancha de fútbol y hay poquísimos funcionarios. Hay otros cantones en los que se nota el desperdicio, el derroche de los dineros”, dijo.

La actual administración transitoria pidió la auditoría luego de identificar indicios de irregularidades. Así, la Contraloría debe analizar 87 contratos de construcción de obras y 71 de fiscalización. Estos fueron suscritos por el Consejo de la Judicatura (CJ) en los períodos 2011-2013 y 2013-2018, por un monto de USD 313,1 millones.

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