Audiencia de acción de protección, en caso de obra sanitaria ejecutada en un predio en conflicto en Montañita, se suspendió por recusación contra jueza

La jueza de la unidad judicial de Manglaralto Erika Moriel suspendió la audiencia pública, prevista a las 15:00 de ayer, en la que se resolvería el pedido de acción de protección solicitado por Raquilsa S. A. en contra del Municipio de Santa Elena por construir una estación de bombeo en un terreno que está en conflicto entre la firma, el cabildo y la comuna Montañita.

Tras 15 minutos de espera, se comunicó a las partes que la presidenta de la comuna y concejal, Ruth Villao, planteó una demanda de recusación en contra de la jueza para que sea separada de la causa, porque ella dio una resolución a favor de la firma en un proceso anterior de reivindicación.

El Ministerio de Agricultura (MAG), entidad que tiene la competencia sobre territorios rurales, emitió una resolución en 2015, a favor de Raquilsa S. A., señalando que la empresa “ha justificado sus derechos sobre el predio”, por lo que resolvió “otorgar las garantías del terreno”.

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En los últimos cuatro años, entre el 2017 y el 20 de julio de este 2021, el ministerio ha recibido 1.809 trámites de litigios de tierra, como reversión a la adjudicación, nulidad y expropiación. Además, las comunas iniciaron 24 trámites para resolver conflictos y 107 fueron presentados por personas y compañías, en los últimos tres años.

En algunos de estos litigios, aseguró un vocero del MAG, se ha identificado que “detrás de los comuneros, asociaciones, según los indicadores que nos dan, hay un tráfico de tierra”, que crea una problemática en donde el MAG –añadió– tiene que intervenir.

Las comunas, refirió el representante del MAG, no pueden vender las tierras que les han sido adjudicadas, según lo establece la Constitución. Sin embargo, hay comunas que “reconocen a una tercera persona como comunero y le otorgan como un certificado”. Al reconocerlo le dan una área de terreno, “a cambio de algo, porque esto no es gratis”, dijo el funcionario.

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No obstante, Efrén Reyes, presidente de la Confederación de Comunas del Ecuador, afirmó desconocer estos casos: “No, no me ha llegado todavía alguna queja de esta naturaleza, ni de comuneros ni particulares”.

Reyes lamentó que hay litigios que se mantienen desde hace 15, 20 años, supuestamente por “falta de resoluciones” del ministerio. La comuna La Estacada, de Pedro Carbo, por ejemplo, se formó con acuerdo ministerial en 1937 y aún –según afirmó– no reciben su título.

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A Guayas le siguen Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, El Oro. Ante estos casos, el representante de las comunas pide que el ministerio “declare nulo (los títulos concedidos a privados) y oficie a los registros de la propiedad de las diferentes provincias para que todo título que esté sobrepuesto en territorios comunales quede inexistente”.

La actual administración del ministerio trabaja, anunció el vocero, en la elaboración de un acuerdo ministerial para tomar correctivos que resuelvan los reclamos que más tienen en el MAG.

Para ello, aseguró el funcionario, harán un censo agrario para validar si las comunas están en posesión de los predios, si tienen sus títulos y si están cumpliendo el fin social y ambiental. “Hay comunas que piden adjudicar hectáreas, pero no le dan un fin productivo”, dijo. (I)

 
 
Redacción

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