El Pleno de la Asamblea tramitó en primer debate el proyecto de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución, relacionados con el fondo partidario permanente y el de promoción electoral, sobre la base del informe presentado por la Comisión Ocasional integrada para el tratamiento de esta iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Lucía Posso, ponente del informe, destacó el trabajo realizado por el organismo en el análisis de la propuesta en el sentido de eliminar el fondo partidario y el financiamiento de la publicidad electoral. Es un informe que pretende ser lo más objetivo y equilibrado; la comisión se enfocó en el derecho a la participación de la ciudadanía, así como en los mecanismos para el control del financiamiento de las campañas electorales y de las organizaciones políticas, dijo.
Añadió que el debate se centró en la relevancia del financiamiento estatal como herramienta de equidad y de participación política; en la redistribución de los recursos que plantea el Gobierno para atender otros requerimientos en materias de salud o educación, sobre la base de programas de desarrollo. Otro aspecto que preocupa a la Comisión es cómo se va a regular el financiamiento privado de los partidos, si es que se eliminan estos fondos, por el alto riesgo de lavado de activos, enfatizó. Recordó que los montos asignados por estos dos fondos, en 17 años, llegan a 210 millones de dólares, de los cuales 170 fueron a promoción electoral y 40 millones a los partidos.
En el debate, en el cual participaron 13 legisladores, se mencionó el pronunciamiento de la Corte Constitucional por el cual aclara que los cambios constitucionales no deben responder a conveniencias políticas, porque de ellos deviene la necesidad de modificaciones conexas. Así mismo, alertaron que la eliminación de estos fondos puede ser malinterpretada, pues se debe mantener un sistema que garantice la participación de los que menos tienen en los procesos democráticos.
Señalaron que esta reforma podría generar problemas de fiscalización y transparencia en las finanzas de los partidos y movimientos. Otra perspectiva se enfocó en lo perjudicial que sería eliminar el financiamiento estatal a partidos y a la promoción electoral, porque solo podrían participar los partidos y candidatos que cuenten con suficiente dinero. Además, se violarían derechos garantizados en la Constitución.
Fuente: Asamblea nacional
