El Observatorio del Gasto Público revela en su informe que la Función Legislativa enfrenta una profunda transformación y que retomó sus tareas en noviembre de este año con una plantilla laboral reducida más del 80 % entre abril y octubre. La institución actualmente se reconfigura en un escenario poscrisis.
En abril de 2023, antes de la disolución de la Asamblea Nacional mediante la muerte cruzada, la Función Legislativa contaba con 1.360 colaboradores en distintas áreas y un presupuesto anual de $ 53,3 millones.
El expresidente Guillermo Lasso invocó este mecanismo constitucional el 17 de mayo pasado como una estrategia para evadir la censura en el juicio político en su contra.
Al día siguiente, todo el personal legislativo, además de los 137 asambleístas, fueron impedidos de ingresar a sus despachos y oficinas en medio de reclamos, protestas y una atmósfera de incertidumbre para aquellos que, sin ocupar una curul, también perdieron sus empleos.
El edificio de la Asamblea permaneció cerrado y bloqueado por la fuerza pública, el trabajo legislativo se paralizó por seis meses y hasta la página web institucional quedó fuera de servicio. Para junio, la nómina de la institución se redujo en un 85 %, quedando apenas 205 servidores públicos en áreas administrativas y operativas. Esta cifra de nuevo se redujo en los meses siguientes hasta octubre, que cerró con una nómina de 190 personas (88 con nombramiento y 102 de contrato ocasional).
El pago en remuneraciones, incluyendo sobresueldos, horas extra y encargos, pasó de poco más de $ 4 millones, pagados en abril 2023, a $ 776.089 en octubre del mismo año.
El 17 de noviembre se instaló una nueva Asamblea con 137 legisladores. Hasta este mes de diciembre no existe ningún registro público de la nómina de ese mes para conocer el número de personas contratadas para los distintos puestos de apoyo a los asambleístas.
En declaraciones públicas, el nuevo presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, lamentó la situación de la institución. “Recibí una institución con una operatividad del 29 % en relación con las administraciones anteriores”, aseguró.
De acuerdo con sus declaraciones, en noviembre, para la sesión de instalación de la nueva Asamblea se contrató a 60 personas para el área administrativa que, sumando el total de los asambleístas electos, dieron una nómina de 387 funcionarios.
Asamblea sufrió una reducción al presupuesto
La disolución de la Asamblea Nacional trajo cambios radicales en la estructura organizacional y modificaciones adicionales en el presupuesto de la institución. El Legislativo inició el 2023 con un presupuesto de $ 52,6 millones, monto que fue ajustado o codificado mes a mes. Al cierre del primer cuatrimestre, se estimó en $ 53,3 millones. De ese monto, el presupuesto para el pago de remuneraciones se estimó en poco más de $ 45 millones para todo el año.
En el presupuesto de la Asamblea no se incluye gasto de inversión y el 86 % de su presupuesto anual es asignado para el pago de nómina y el 14 % restante es para otros egresos corrientes como gastos en material de oficina, mantenimientos y el pago de servicios básicos para el funcionamiento de la institución. Por esto que la reducción del presupuesto fue tan significativa.
De acuerdo con los archivos del Ministerio de Economía y Finanzas, luego de decretada la “muerte cruzada”, el presupuesto anual de la Asamblea se redujo en un 47 %, llegando a $ 28 millones. A la par, el presupuesto para el pago de personal se ajustó $ 20 millones y luego se fue incrementando en octubre y noviembre, meses en los que se asignó más recursos para la posesión de la nueva Asamblea.
Al concluir noviembre, el gasto total en las remuneraciones del personal legislativo ascendió a $ 23,6 millones, menos de la mitad del presupuesto proyectado inicialmente ($ 45 millones). La disminución del personal legislativo contribuyó a la reducción mensual al pago de salarios.
Abril registró el máximo de egresos en remuneraciones, sobresueldos y compensaciones del personal, con un total de $ 4,1 millones. Esta cifra disminuyó significativamente a solo $ 2,3 millones en mayo y se redujo a menos de la mitad en los meses siguientes.
Entre mayo y abril, antes de la posesión de las nuevas autoridades, el trabajo legislativo estuvo concentrado en áreas administrativas y operativas, dejando fuera a los asambleístas y sus equipos de trabajo. Los nombres de quienes continuaron sus labores, la asignación de cargos y los sueldos asignados consta en el portal de transparencia de la institución, aunque con algunos cambios: a partir de agosto se eliminó del registro público los nombres de todo el personal.
Trabajadores de la Asamblea Nacional han recibido pagos de hasta $ 17.000
En el informe del observatorio se menciona que existe un registro de los pagos por horas extra y subrogaciones a los trabajadores y que es confuso y presenta discrepancias.
“Las cifras registradas muestran inconsistencias, ya que no se especifica si los registros mensuales corresponden al pago de encargos adicionales específicos de ese mes o si se trata de una cifra general acumulada de todos los pagos mensuales”, dice el documento.
El Observatorio encontró que cada mes existen pagos de hasta $ 17.416,5, además de un salario de $ 2.034 y una décimo tercera remuneración de $ 2.875,5, monto que supera al salario.
Un especialista normativo de Gestión Administrativa del Talento Humano solo en el mes de agosto sumó ingresos por $ 19.450,5, según los archivos oficiales de la Asamblea Nacional.
Otra especialista en Administración registra un salario de $ 2.641 y en octubre 2023 llegó a percibir ingresos por $ 15.693, según los registros oficiales. Esto sumando el salario, pago de encargos, horas extraordinarias y sobresueldos.
En el informe se menciona que un punto para destacar en los archivos analizados es el registro por pago de horas extra y encargos. De acuerdo con los registros mensuales de 2023, el pago de horas extra estuvo en torno a los $ 20.000 y quienes se benefician de esto fueron en su mayoría personal operativo como los choferes.
Fuente: El universo