El Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, que tiene por objetivo normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte del Estado, conferido a los servidores de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, para proteger los derechos, libertades y garantías constitucionales, así como precautelar el derecho a la seguridad integral de los habitantes.
Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, ponente del informe, detalló el trabajo realizado por la mesa en el análisis de este proyecto, con la activa participación de los diversos sectores involucrados, al igual que en la revisión de las observaciones formuladas durante el primer debate. Se desarrollaron más de 20 mesas técnicas para acoger las propuestas de la ciudadanía y de las instituciones vinculadas con esta temática.
Hasta el momento han intervenido 12 asambleístas, quienes enfatizaron en la necesidad de aprobar esta ley. Sin embargo, se mostraron partidarios de aclarar el carácter de excepcional del uso legítimo de la fuerza con respeto absoluto a los derechos humanos y, sobre todo, con respeto al derecho a la protesta social.
Algunos asambleístas señalaron también que el problema de la violencia y la inseguridad no se soluciona solo con una ley, sino con políticas de Estado encaminadas a la prevención y a generar condiciones de vida óptimas.
Previo al estudio de este proyecto, los legisladores recibieron en Comisión General a Mario Pazmiño, del Observatorio Ciudadano de Seguridad, quien manifestó que el país requiere dotar de las herramientas necesarias a las entidades de seguridad, para combatir todas las modalidades delictivas, principalmente, el crimen organizado y el narcotráfico. También asistió el Comandante de Tránsito de la Policía, Johnny Tobar, quien aseguró que es indispensable contar con esta ley, porque los problemas de movilidad en las carreteras también están vinculados con actividades ilícitas como el tráfico de armas y de sustancias sujetas a fiscalización.
Isabel Vargas, de la Unión Nacional de Educadores (UNE), se mostró contraria a la propuesta pues señala que se pretendería, bajo la figura del uso proporcional de la fuerza, contrarrestar la protesta social, que es el único mecanismo que tiene el pueblo para hacer escuchar su voz.
Finalmente fue recibido el representante de Naciones Unidas, Jan Jarab, destacando el importante esfuerzo realizado por la Comisión para enmarcar el proyecto de ley a los estándares internacionales, bajo los principios de respeto, protección y la efectiva defensa de los derechos humanos, sin distinción alguna.
El presidente Virgilio Saquicela, tras suspender la Sesión No. 774, convocó para el martes 7 de junio su continuación, a partir de las 10h30.