Asamblea atada de manos por error de técnica legislativa

Las comisiones de Justicia y de Atención a Casos de Personas Desaparecidas analizaron esta semana el dictamen de la Corte Constitucional sobre el veto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la objeción parcial a la ley para la actuación de casos de personas desaparecidas, respectivamente.

Las dos sesionaron el miércoles en la tarde, con retrasos. La Mesa de Justicia inició más de una hora después de la convocatoria. Inclusive, la única asambleísta que estuvo puntual, Lourdes Cuesta, se retiró de la sala pues la sesión no iniciaba.

En Justicia, tras la instalación y la lectura del dictamen de la Corte, los legisladores encontraron una dificultad para procesar la disposición transitoria segunda que está en el COIP, el cual regula un artículo inexistente de la despenalización del aborto.

Problema 
El Ejecutivo, a criterio de Esteban Torres (PSC) por querer “agradar a todos” o con el fin de “dejar una ventana abierta”, según Héctor Muñoz (SUMA), no vetó la disposición para eliminarla del texto.

La Corte tampoco dispuso su eliminación, pues no tenía esa atribución, ya que era un error de técnica legislativa y no un tema de materia constitucional. Ahora los legisladores están atados de manos, pues ese texto deberá permanecer en la norma, aunque no cumpla ninguna función. Sobre el resto del dictamen, la Comisión acogerá lo dispuesto por los jueces.

Hasta este viernes estaría listo el informe, que incluye la posición de los asambleístas sobre otras 37 objeciones parciales. El objetivo es solicitar al presidente, César Litardo, que el 17 de diciembre se pronuncie el Pleno de la Asamblea sobre el veto del Ejecutivo.

Desaparecidos
A la par, los legisladores de la Comisión de Desaparecidos, en una sesión en la que fallaba la comunicación entre la Presidencia, la asesoría técnica y el resto de legisladores, pues había dificultades para comprender en qué aspectos del veto se debían allanar y en cuáles ratificar, decidieron mantenerse en el tema de la conformación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y  Extraviadas.

El Ejecutivo planteó un mecanismo por niveles, mientras la Asamblea aprobó un organismo conformado por 18 instituciones. Hasta el cierre de esta edición, no se analizó toda la objeción presidencial. (AGO)

Fuente: La Hora

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