Francisco Swett: El “lobby” y los negocios del Estado

La actividad de “lobbying”, término usual de uso americano y origen inglés, tuvo sus comienzos en el cabildeo de los intereses particulares en los pasillos y corredores (“lobbies”) del Parlamento inglés y Congreso americano. “Lobbying” se refiere hoy a la representación y agenciamiento de un interés privado en los negocios con un gobierno. La función del “lobista” es la de promover o representar tal o cual negocio, norma o legislación, para favorecer el interés de una empresa, una comunidad o región, o inclusive de otro Estado. La actividad está normada por ley y establece los parámetros y protocolos de interacción entre las partes, incluyendo el registro de los agentes y representantes, el mantenimiento de las bitácoras de las visitas e interacciones, la vigencia de regímenes de competencia leal, la legalidad de los resultados de las gestiones, de los honorarios o comisiones ganadas por los agentes, y los correspondientes impuestos pagados por los mismos.

El Estado y el sector privado son dos caras de una misma moneda, sentenciados a convivir y transar. En la teoría, el Estado, a través de sus diferentes funciones y niveles de gobierno, debe conducir sus negocios y aprobar sus leyes en función del interés público. El sector privado, por su parte, es el ofertante de bienes y servicios y es, además, el beneficiario potencial de leyes y regulaciones, los mismos que deben ser provistos local o internacionalmente en función de las reglas de la competencia y, en lo normativo, empatando el interés individual y el colectivo. Si no se aceptase esta realidad, habría que recurrir al cabildeo clandestino con la consecuente manipulación de información, la opacidad de los oferentes respecto de quiénes son y a quiénes representan, y la ausencia de competencia informada que origina los sobreprecios en los proyectos, las adquisiciones fallidas, y las leyes torpes.

El cabildeo clandestino que rige y devino en un abierto tráfico de influencias y negocios mafiosos en la década pasada ubica al Ecuador en el rango 114 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Para curar esta circunstancia se requiere contar con una Ley de Representaciones y Agenciamiento que norme el cabildeo y destierre al consabido “hombre del maletín” en la promoción de los intereses particulares para la aprobación de compras, y el trámite de leyes, reglamentos y regulaciones, en todos los niveles de gobierno.

El Registro de Agentes será llevado por la Contraloría General del Estado. Las bitácoras de visitas individuales serán mantenidas y, en el caso de las adquisiciones, estas deberán estar abiertas a la competencia.

Las normas de calificación de los oferentes e intermediarios serán claras y todos los lobistas serán identificados; los procesos de aprobación y ejecución serán rigurosos y transparentes; los pagos por comisiones y honorarios serán declarados en su totalidad, y los impuestos pagados.

Las violaciones a la ley, empezando por la falta de registro, serán delitos tipificados penalmente.

El propósito que anima la transparencia es la evolución de un medio corrupto, por opaco y deshonesto, a uno en el que de mejor forma se sirve al interés público.

Fuente: EXPRESO