Control vs. corrupción

Tuve la grata invitación del contralor del Estado para participar como ponente en un panel sobre la reestructuración de la Contraloría en un Tribunal de Cuentas. En esencia, la propuesta consiste en establecer sendas salas de Auditoría y Responsabilidades. Los magistrados, siete en total, serían designados por la Legislatura, el presidente, la ciudadanía, e incluirían dos funcionarios de carrera. La nueva estructura permitirá evitar el conflicto para la autoridad de ser juez y parte, y ampliar la esfera del control de los recursos públicos.

Las experiencias recogidas de otros países iluminan el camino del cambio, y la propuesta va en la dirección correcta. Sin embargo, recogiendo las afirmaciones que expresé en el panel, sostengo que el quid del asunto no está en las sutilezas del Derecho sino en la realidad de los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? La tarea de control se enfrenta a una formidable y bien implantada cultura de corrupción que nace desde la concepción misma del Estado ecuatoriano, Estado que representa alrededor del 50 % del giro total de transacciones en la economía. El acaparamiento progresivo de tareas y responsabilidades ha impuesto un esquema de “peajes” regulatorios, legales y transaccionales que demandan pagos extras para que las cosas pasen. El poder de firma de la burocracia (incluyendo a los funcionarios que se encargan de negociar puestos y otorgar contratos) es, a no dudarlo, el primer poder (maléfico) del país.

Las auditorías tipo “Mickey mouse” son irrelevantes si quedan de lado las trafasías de fondo y falla la administración de justicia. El Estado tiene, adicionalmente al presupuesto, el dominio sobre una veintena de empresas públicas, innumerables inmuebles, activos y propiedades incautadas, concesiones, alianzas y actividades, muchas de las cuales son tierra de nadie, causando pérdidas que suman miles de millones de dólares y que son taras fiscales y lupanares de corrupción, tráfico de influencias, robos y toda suerte de violaciones contra la fe pública. Equilibrar el tablero requiere delinear claramente el espectro de análisis para, una vez establecidas las prioridades de control, contar con información que sea confiable, veraz, efectiva, oportuna, útil y concluyente. Felizmente existe la tecnología para crear las bases de datos, hacer los cruces de información para las comprobaciones, y monitorear el cumplimiento de la normativas legales y de control que permitan bajar los índices de corrupción y robo descarado de los dineros de los contribuyentes. Más aún, las bases de datos pueden intercomunicarse por algoritmos, los cuales actúan a la manera de neuronas y constituyen la inteligencia artificial, que es el estado del arte de la tecnología para la obtención y transmisión de datos en los formatos requeridos.

El control se basa en la información y la información correctamente utilizada es sustento inapreciable del imperio de la ley. Sin información contable, financiera, de tareas, procesos, resultados y consecuencias de las características antes anotadas, las mejores estructuras y los más aptos magistrados correrán el riesgo de Don Quijote ante los proverbiales molinos de viento que son las huestes poderosas de la corrupción.