Representantes de organizaciones de la sociedad civil acudieron a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, para brindar sus aportes a la reforma unificada al Código Orgánico del Ambiente (COA), que se trata en esta mesa legislativa.
La primera intervención estuvo a cargo de María Arias, directora del programa digital “Perspectivas Ambientales”. Allí reconoció los avances del Ecuador en materia de ambiente, mencionando que es necesario que el Estado cuente con un mecanismo normativo, acorde a los tratados internacionales, para regular los mercados de carbono promoviendo la integridad y la transparencia en la gobernanza ambiental.
“En la actualidad existe un 43 % de países inmersos en el mercado internacional de carbono, que produjo en 2023, USD 25 billones de dólares. De esta suma tan solo el 2 % proviene de la región latinoamericana”, detalló.
Expresó también que la venta de certificados verdes, en mercados regulados de carbono, es uno de los pocos instrumentos económicos que en la actualidad otorgan la escalabilidad real, para que los países cumplan con la reducción de emisiones de carbono, por lo que es necesario que sea regulado también en Ecuador.
Por otro lado, el director de la Asociación Ecuatoriana de la Industria Forestal, Cristhian Riofrío; y, el director de la Corporación de Manejo Forestal Sustentable, Juan Carlos Palacios, sugirieron que el artículo 18 de la reforma, sobre el carácter vinculante de las determinaciones tomadas por los consejos consultivos locales, sobre la viabilidad de proyectos ambientales, es inconstitucional. A su consideración, “grupos pequeños de personas en territorio no pueden ser los únicos que definan temas de interés nacional y regional”.
Además, observó que frente a la ponderación de los conocimientos ancestrales como obligatorios para el manejo y conservación de los servicios ambientales, también sean tomados en cuenta los conocimientos altamente técnicos que pueden aportar las empresas, para el manejo óptimo de los ecosistemas.
De su lado, Jesús Martínez, delegado del Consorcio de Municipios Amazónicos y de Galápagos, solicitó establecer una reforma que faculte a los gobiernos autónomos descentralizados regular los recursos hídricos en sus jurisdicciones, con relación al uso que den los particulares en zonas públicas o privadas.
Manifestó que “existen fuentes hídricas que no son adecuadamente manejadas, lo que produce escasez y reduce el nivel de pureza del agua que consumen en sus territorios”.
Una vez finalizadas las comparecencias, los comisionados aprobaron por unanimidad una moción presentada por la legisladora Sofía Sánchez, para que esta mesa legislativa continúe la socialización del proyecto de reformas a la Ley de Uso, Gestión y Protección de los Recursos Hídricos, mediante el cronograma establecido para este fin.
Finalmente, decidieron sesionar en la provincia del Azuay, el 17 de abril del presente año, para dar continuidad y cumplimiento a su agenda de trabajo en territorio.
CV/pv