Aprobado informe para primer debate de reformas para prevenir la violencia

La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social aprobó por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público. Su objetivo es disponer la formación y capacitación de los servidores y obreros del sector público en temas diversos, con énfasis en género, sobre derechos fundamentales, prevención y erradicación de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, manejo de buenas prácticas ambientales, tenencia responsable de fauna urbana y violencia interrelacionada.

La presidenta de la comisión, Rina Campain recalcó que la propuesta hace relación a la temática de la capacitación en el servicio público y promueve modificaciones en su contenido. Expresó que si bien el articulado no es extenso fue necesario desarrollar una adecuada socialización, con los criterios de su proponente y de expertos en la materia que dieron su perspectiva técnica sobre la normativa.

El equipo asesor de la mesa legislativa explicó que en el informe se encuentran las justificaciones técnicas, que permiten apreciar la necesidad de la formación y capacitación de los servidores y obreros del sector público, no solo en los niveles de decisión o máximas autoridades, con el afán de que cualquier funcionario pueda detectar, denunciar, proponer acciones que se relacionen con las problemáticas que se pretender evidenciar y erradicar.

El vicepresidente de la comisión, Luis Marcillo, tras mocionar la aprobación del informe, solicitó autorizar al equipo asesor realizar las correcciones de forma y estilo para que la capacitación sea en temas de profesionalización del servicio público, la formación de los servidores públicos en derechos fundamentales, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes, manejo de buenas prácticas ambientales, tenencia responsable de fauna urbana y violencia interrelacionada, entre otros.

La propuesta de ley fue presentada el 17 de agosto de 2021, por parte del legislador Patricio Cervantes, representante de la provincia de Imbabura.

RSA/pv

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