“Las reformas planteadas están pensadas en lograr que los moradores y posesionaros de predios que se encuentran en la circunscripción de los cantones Guayaquil, Samborondón, El Triunfo y Monte Sinaí tengan un techo seguro y estable para sus familias”, expresó el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Celestino Chumpi, durante la aprobación del informe para segundo debate del proyecto que modifica la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras.
El informe fue aprobado con el voto favorable de 7 de sus miembros presentes. El titular de la comisión resaltó que el informe fue un trabajo coordinado con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el Municipio de Guayaquil, además de recibir las observaciones y aportes de legisladores, organizaciones sociales, dirigentes barriales de la Red de Organizaciones de Monte Sinaí y representantes de cooperativa las Talias y Ciudad de Dios.
Dentro de las conclusiones del informe se observa que el articulado respeta el ordenamiento jurídico vigente y aclara las competencias del Miduvi y el Municipio de Guayaquil. Además, incorpora una disposición transitoria que establece que “los posesionarios que no han iniciado su proceso de regularización deberán hacerlo en un plazo no mayor a dos años desde la fecha de vigencia de la presente reforma, sin perjuicio de que, en cualquier tiempo, los Gobiernos Autónomos Municipales y el Miduvi inicien de oficio el proceso de titularización en el marco de sus competencias”.
El asambleísta Francisco León será el ponente del informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
Pedidos de información
La Comisión también inició el análisis del pedido de información presentado por los legisladores Jessica Castillo, Rodrigo Fajardo y Amada Ortiz a los municipios de Quito, Cuenca y La Concordia.
Ante este requerimiento remitido por el CAL, el equipo técnico de la comisión, a través de Pablo Sempértegui, explicó que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) existe un vacío legal porque no especifica la obligatoriedad de los GAD de entregar información a la Legislatura.
Además, sugirió que se realice una consulta a la Procuraduría General del Estado, a fin de conocer cuales son las acciones a emprender en caso de incumpliendo en la entrega de información por parte de las autoridades de los GAD.
Por su parte, el legislador Marlon Cadena sugirió que se elabore un informe por parte del equipo técnico en el que conste el incumplimiento de las autoridades a la Constitución y a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). Las asambleístas Patricia Sánchez y Pilar Llanos compartieron este criterio y enfatizaron que la información es una herramienta primordial para ejercer el control político y fiscalización.
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