“Los ecuatorianos continuamos siendo víctimas del accionar de ciertos jueces alineados con las mafias y la corrupción. Tenemos que poner la mirada en aquellos malos jueces para que el Consejo de la Judicatura (CJ) los retire de la Función Judicial. Pero no solo eso, sino que presentaremos las denuncias correspondientes ante la fiscal general del Estado (Diana Salazar), para que ella investigue los delitos que han cometido esos malos jueces”.
Ese fue nuevamente el anuncio que hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso, aprovechando la ceremonia de ascenso de generales de la Policía Nacional, en Quito, la mañana del miércoles último.
En la cuenta personal de Twitter del presidente Lasso se colocó, el 30 de enero pasado, un video en el que se decía que al día siguiente el país conocería quiénes son los aliados de la delincuencia y se acompañaba con un texto: “Mientras fuerzas del orden exponen su vida para lograr tu seguridad, otros liberan delincuentes. Pronto tendremos la verdadera justicia”.
Para el 1 de febrero último se convocó a los medios para que asistieran a la entrega de la denuncia en la Fiscalía, pero esto se canceló por temas de agenda. Desde esas fechas existen expectativas sobre la presentación de una denuncia con los nombres de los supuestos malos jueces que en lugar de defender a los ciudadanos estarían protegiendo a delincuentes.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló en una entrevista con Teleamazonas que entre este fin de semana y el principio de la próxima se concretaría la presentación de la denuncia, pues ya se tendrían mapeados ciertos nombres, esto como parte del trabajo en materia de seguridad que realiza la Presidencia de la República en conjunto con otras instituciones.
“Tenemos mapeado cuáles son estos jueces que sistemáticamente han ido liberando delincuentes, que sistemáticamente han ido atentando contra determinadas normas del ordenamiento jurídico y es importante que la ciudadanía no solo conozca quiénes son, sino que también se establezcan acciones para que esto no se siga dando”, explicó el ministro de Gobierno.
El presidente Lasso no adelantó nombres, pero Jiménez informó al menos que ya se tenían mapeados cinco nombres, pero que no son los únicos, dijo, pues se estaría hablando de un “número importante en la administración de justicia a nivel de las 24 provincias”. El ministro tiene claro que el buen trabajo que hace la Policía no es suficiente, sino que se necesita un trabajo coordinado en el que intervengan los gobiernos locales, se refuerce el rol de las Fuerzas Armadas y se tengan jueces confiables.
“Debemos lograr que el sistema de administración de justicia se consolide cada día más y se vayan sacando del sistema estos malos jueces que le hacen daño al conjunto de la administración de justicia y queden quienes valgan la pena”, apuntó Jiménez.
Hasta el momento el CJ no se ha pronunciado oficialmente respecto a lo dicho por el presidente Lasso, pero su nuevo presidente temporal, Álvaro Román Márquez, considera que el 80 % o 90 % de los jueces del país son buenos y a ellos, apuntó, se los debe respaldar.
Pese a ello reconoció que siempre se tendrá el gran problema de tener ciertos jueces que abusan y tratan de aprovecharse de los vacíos. Para enfrentar este tipo de corrupción, anunció que trabajará para sensibilizar a la ciudadanía de que debe denunciar cuando exista cualquier tipo de error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia.
Por su parte, el presidente temporal saliente de la Judicatura, Fausto Murillo, dijo que existen retos institucionales importantes por continuar y emprenderse en la institución, entre los cuales estarían el concurso para llenar las vacantes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la evaluación por tercios que corresponde en la CNJ y como tema urgente la evaluación a todos los jueces del país.
Que el presidente de la República debe pasar de los anuncios a los hechos es el criterio que tiene respecto a este tema la asambleísta del movimiento Pachakutik y parte del Grupo Parlamentario Anticorrupción Sofía Sánchez. Para ella, si es que hoy se habla de la existencia de jueces corruptos, lo que debería pasar es que se tiene que entregar, sin demora, toda la información y los insumos a la Fiscalía.
Lo que cree que no debe pasar es lo que sucedió cuando se anunció el tema de los narcopolíticos. “Ahí se demoraron más de un mes en entregar una lista a la Fiscalía y esa lista solo contiene información recopilada en redes sociales y no una información contundente que pueda ayudar a la investigación. (…) Creo que el presidente no debe de anunciar, sino cuando tenga todo de manera contundente presentar para que así no pierda credibilidad”.
Aunque reconoce que existen jueces que han emitido fallos cuestionables, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, piensa que no se puede generalizar, y esto no solo por la dignidad de las personas, sino también porque, refiere, hay que defender la institucionalidad y el sistema de justicia.
“No es cuestión de desacreditarla en términos absolutos. Si se llegan a identificar casos particulares en donde existen actos reñidos con la ley pues tiene que seguirse un debido proceso en derecho y luego llegarse a sancionar”, apunta un Saquicela que sostiene que hay aspectos de orden normativo que deben ser reformados para evitar excesos y que en esa línea próximamente presentarán un conjunto de propuestas de qué aspectos concretamente se deben reformar a la ley para evitar cierto tipo de arbitrariedades e irregularidades que preocupan al país.
Mientras, el penalista Paúl Ocaña tiene claro que existe un debido proceso que debe respetarse para así confirmar que un funcionario judicial, un juez en este caso, cometió un acto irregular y debe ser sancionado no solo desde el lado administrativo por el CJ, sino también penal. Desde su perspectiva se tiene que ser muy cuidadoso en este tema, porque se podría terminar afectando la independencia judicial, la independencia que tienen los jueces para decidir en los casos al existir una amenaza de denuncia por decidir en tal o cual forma.
“Hay que tomar en cuenta que siempre una decisión judicial no va a gustar a una de las partes y hay que tomar en cuenta que quien no esté a gusto con alguna decisión debería presentar una denuncia o una queja. Pero asimismo si no llega a probar debería también pagar una indemnización, porque si no estaríamos incentivando a que toda persona que no se sienta a gusto con una sentencia plantee procesos administrativos o penales a funcionarios, sean jueces o fiscales, sin tener un respaldo debido”, expresó Ocaña. (I)
Fuente El Universo