La propuesta de ley constituye una respuesta integral y necesaria para garantizar el acceso a tratamientos para quienes padecen enfermedades renales crónicas y también para reforzar el compromiso del Estado con el derecho a la salud, la equidad y la sostenibilidad, según el informe remitido por la Comisión de Salud.
Tras la intervención de 15 asambleístas y un debate exhaustivo, la presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, cerró el debate y dispuso que el proyecto regrese al Comisión de Salud para la elaboración del informe de segundo debate.
Argumentación
En el informe, se remarca que la implementación de esta ley será un paso crucial para mejorar la calidad de vida de miles ecuatorianos y construir un sistema de salud más inclusivo y eficiente.
En la argumentación del informe, el legislador Humberto Tapia subrayó que la propuesta es indispensable en la legislación nacional; busca devolver el equilibrio entre los servicios de salud, la promoción y la prevención de la enfermedad.
Informó que, en Ecuador casi dos millones tiene algún grado de enfermedad renal; la prevalencia de casos con terapia de recuperación renal es de 1 074 pacientes por cada millón pacientes y la referencia internacional es de 700 pacientes; la incidencia de casos con terapia de recuperación renal es de 206 pacientes por cada millón y la referencia internacional es de 140 pacientes.
Aseguró que la ley incluye principios de accesibilidad; calidad; confidencialidad; dignidad; disponibilidad; inclusión social; interculturalidad; y, voluntariedad.
El objetivo es garantizar el cuidado integral de las personas con enfermedad renal crónica, desde estadios tempranos (Grado 3a) con el fin de controlar adecuadamente los factores de riesgo, disminuir la progresión de daño renal y por tanto alejar a los pacientes de ingreso a TRR; mejorar su calidad de vida y la de sus familias, con respeto a los derechos humanos y a la dignidad sin discriminación de ningún tipo, enfatizó.
Debate
En el debate los 15 asambleístas coincidieron en la importancia de legislar para regular los derechos de estos pacientes, con tratamientos dignos y abastecimiento de insumos. Expusieron cifras, testimonios de casos de pacientes que viven situaciones difíciles a causa de la falta de insumos y medicamentos en las clínicas dializadoras por lo que demandaron pagos sostenibles.
Patricia Nogales, aseguró que en nuestros país, la enfermedad renal crónica afecta a cerca de mil 798 personas, de las cuales más de 19 300 requieren terapias de reemplazo renal; cifra alarmante que demanda acciones inmediatas. El proyecto no solo propone una atención integral mediante la prevención, tratamiento y fortalecimiento del sistema de salud, sino que también asegura la inclusión social y la calidad de vida de los pacientes más vulnerables, señaló.
Rosa Mayorga expresó que el país necesita una ley robusta y eficiente en la práctica, que aborde la problemática de manera integral, que trabaje en la salud renal y en la nefroprevención con enfoque especial y de atención prioritaria a los pacientes que pasan por tratamientos de diálisis, hemodiálisis y otros. Una ley de prevención, con diagnóstico temprano y tratamientos oportunos.
Con prevención se disminuye el gasto público, así como la muerte de muchos pacientes indicó Dennys Realpe, al puntualizar que el tratamiento de la ley es urgente para cada uno de los pacientes renales que se quejan en escasez y de tratamientos. Juan Carlos Rosero precisó que la propuesta constituye una respuesta primordial y necesaria para construir un sistema de salud más inclusivo y eficiente.
Voces de pacientes
En comisión general, participaron Gabriela Álvaro Pallares, representante de pacientes renales de Pichincha; y, el ciudadano Eduardo Guerrero. Quienes aclamaron por una regulación que ampare a estos pacientes con medicina y atención, que en su mayoría son de la tercera edad y de escasos recursos.
Gabriela Álvaro, una de las 24 mil pacientes con enfermedades renales y parte de un grupo extremadamente catastróficas, habló de la difícil situación que viven para acceder a sus tratamientos. Eduardo Guerrero, tras aseverar que la enfermedad renal cambia la vida, no solo de sus pacientes, sino de sus familias, aseguró que en su caso, la causa para llegar a la insuficiencia renal crónica fue la falta insumos médicos. Pide políticas públicas para que se cumpla con la Constitución; que se amplíe la cobertura a los familiares cuidadores; la inserción laboral para los pacientes renales crónicas; que se acceda medicinas en la casas de salud.
Reconocimientos
Previo a esta sesión, la Asamblea reconoció a ciudadanos y organizaciones que han contribuido con el país en el desarrollo y fortalecimiento del arte, música, cultura y tecnología.
