Este 10 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional favoreció a 268 personas con la amnistía, entre las que están mujeres que han participado en la denuncia pública por afectaciones a sus territorios y de la naturaleza por actividades extractivas.
De estas 268, 153 corresponden a defensores de los territorios comunitarios y 43 a defensores de la naturaleza.
Entre estos casos está el de la comunidad Toglla, ubicada en Guangopolo en Quito, en el que decenas de sus habitantes enfrentan procesos por cargos como usurpación.
Una de las procesadas es Nancy Simba, de 50 años, quien es vicepresidenta de la comunidad, que en conjunto con otras 54 personas fueron amnistiadas.
Ella enfrentaba trece procesos judiciales, entre estos, por presunta delincuencia organizada, mal uso de suelo, usurpación, por evitar que “gente de afuera venga a invadir las tierras”, dijo.
Ella y los miembros de Toglla defienden su territorio porque en enero de 1923 el alcalde Tercero cantonal de Quito les adjudicó 551 hectáreas, que fueron inscritas en el Registro de la Propiedad de Quito y el 1 de mayo de 2003 en una asamblea general se las declaró propiedad de la comunidad “imprescriptibles, inalienables e inembargables”.
Pero Nancy relató que en los últimos años personas “ajenas y extrañas” reclaman tener escrituras públicas para ingresar a Toglla y vender los terrenos y construir urbanizaciones.
Por impedir que esto suceda enfrenta estas denuncias, que han tenido un efecto “traumático y psicológico” en su familia.
“Vivo con temor de lo que me pueda pasar, de no poder caminar con libertad”, contó entre sollozos.
Son varios procesos legales los que se recogen en el informe elaborado por la Comisión de Garantías Jurisdiccionales del Parlamento, que entre los 54 beneficiados por este caso más de una docena son mujeres.
Al haber recibido este beneficio, Nancy se muestra agradecida, pero también cree que el trabajo hacia el futuro será “reivindicar” este proceso para que estos hechos no se repitan.
Otro caso es el de la estudiante universitaria Gabriela Fraga, de 29 años, que vive en la parroquia de Buenos Aires, ubicada en Imbabura y enfrenta seis procesos judiciales.
Fue amnistiada en cuatro de ellos, pues dos se iniciaron en los últimos meses por delitos como daño a bien ajeno y asociación ilícita por recursos mineros, de los que Fraga desconoce las pruebas, pues ni siquiera conoce una mina, relató.
Contó que el ‘hostigamiento’ judicial se inició en octubre del 2020 cuando los habitantes protestaron en contra de las actividades mineras.
“Son denuncias falsas, porque nuestro único delito ha sido defender la tierra que ha sido amenazada por la explotación minera, en donde no se ha hecho la consulta previa”, narró.
Aseguró que las acusaciones que se han hecho en su contra y a otros miembros de la comunidad se impulsan por parte del Estado y de empresas mineras por denunciar los daños a la naturaleza.
“Soy criminalizada por contar lo que ocurre en Buenos Aires, hemos atravesado hostigamiento mediático, incluso de asambleístas que nos dicen que cobramos dinero, que somos mineros ilegales, pero no es así”, insistió Fraga.
Denunció que solo las denuncias que se hacen desde el Estado hacia los defensores de la naturaleza son tramitadas, mientras que las que ellos han presentado por el ingreso a sus propiedades se rechazan.
Aunque se siente “contenta” por ser beneficiaria de la amnistía, esto no ha terminado. Ahora tendrá que impulsar un nuevo pedido para que se la exculpe de las dos últimas denuncias. (I)