Allanan varios inmuebles en Perú en medio de una investigación contra Pedro Castillo

La Fiscalía junto a un equipo especial de la Policía Nacional de Perú (PNP) realizan este martes una serie de allanamientos en varias viviendas para ubicar a personas que estarían presuntamente vinculadas al caso que se adelanta contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de una supuesta organización criminal en perjuicio del Estado.

“Las diligencias fiscales realizadas –de manera simultánea en 6 distritos de Lima y Callao con apoyo del Equipo Especial policial– incluyen allanamientos a domicilios y una oficina de la Policía Nacional, así como la incautación de documentos”, explicó el Ministerio Público.

Durante la jornada fue detuvo preliminarmente Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias ‘El Español’, investigado por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios, detalló la Fiscalía.

El medio local RPP agregó que, según el documento fiscal, ‘El Español’ tenía presuntamente la tarea de reclutar sicarios para atentar contra la vida del coronel de la PNP, Harvey Colchado, y otros miembros del Equipo Especial, por investigar a funcionarios del gobierno de Castillo.

También ha sido allanado un inmueble en Surco, propiedad de Henry Augusto Shimabukuro Guevara, exasesor presidencial de Castillo; otro en San Isidro, del ciudadano español Sergio Castellanos Martínez; y una vivienda en Magdalena del Mar, que pertenece al coronel PNP, Jorge Fernando Cassanova Cubas, exdirector de la Dirección General de Inteligencia (Digimin).

Un procedimiento se efectuó en la vivienda del coronel de la PNP Juan Esteban Asmat Bucalo, exdirector de la Digimin; y dos más en la casa del comandante de la PNP Engelbert Verástequi Díaz y en el Centro de Operaciones Policiales del Cercado de Lima, lugar donde trabaja.

Los operativos se ejecutan justo cuando se cumplen tres meses de la destitución de Castillo por parte del Congreso, la designación de Dina Boluarte como mandataria y la continuidad de las protestas que exigen la reforma total del Estado, elecciones generales y la liberación del exmandatario.

Acusación contra Castillo

La semana pasada, la Fiscalía de Perú pidió aplicar 36 meses de prisión preventiva en contra del expresidente Castillo, acusado por la presunta comisión de delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias durante su Gobierno (julio 2021-diciembre 2022).

La solicitud de privativa de libertad contra Castillo, quien se encuentra encarcelado desde el 7 de diciembre de 2022 tras ser vacado por el Parlamento y acusado de supuesta rebelión, fue emitida por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La institución también solicitó que la medida sea extendida por los mismos delitos a dos exministros de Castillo: Juan Silva Villegas, quien estuvo al frente de la cartera de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado López, que fue responsable del despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La investigación de la Fiscalía fue abierta luego de que el Congreso aprobara, a mediados de febrero, la denuncia constitucional contra el exmandatario a partir de una acusación que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Previamente, el Parlamento le negó al expresidente una solicitud para declarar de manera presencial ante el pleno del Congreso, en un proceso de defensa que asumió su abogado, Eduardo Pachas.

El expediente de la fiscal Benavides contra Castillo califica al exmandatario como presunto cabecilla de una organización criminal que habría operado en las carteras de Vivienda y Transportes, así como en la compañía estatal petrolera Petro Perú.

 

Fuente: actualidad.rt.com

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