Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional, estará a cargo de la demanda de inconstitucionalidad planteada contra el paquete de amnistías

Una vez sorteada la demanda de inconstitucionalidad planteada por el colectivo Quito Levántate que busca neutralizar el efecto de las hasta el momento 270 amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional, el juez y presidente de la Corte Constitucional (CC), Alí Lozada, será quien analice la acción planteada

La demanda de fondo pretende, asegura Andrés Castillo, representante del colectivo, que se “deje por fuera del ordenamiento jurídico la resolución de la Asamblea por ilegal, ilegítima, inconstitucional, por violar el Estado de derecho, normas constitucionales”, entre otras.

Pero antes de ello, el juez constitucional Lozada deberá pronunciarse sobre la admisión de la causa y respecto de los dos pedidos que hacen los demandantes: que en el auto de admisión de la acción de inconstitucionalidad se suspendan los efectos de la resolución y que en razón de la alarma social que este caso ha generado y al haber precedentes se rompa ese candado que se autoimpuso la CC para conocer cronológicamente las causas.

Las 268 amnistías publicadas en el Registro Oficial contienen 45 errores en nombres, cédulas, números de causas y hasta hay omisión de beneficiarios

“Ahora mismo la CC está resolviendo casos del 2019 y el 2020, lo que implicaría decir que este caso si siguiera la cronología terminaría resuelto en el 2024 o 2025. Entonces no hemos ganado nada”, apuntó Castillo, quien espera que en el transcurso de esta semana o en el peor de los casos la siguiente, el presidente de la CC se pronuncie sobre lo que han pedido.

Castillo cree que es importante que se suspendan los efectos de la resolución e indica como ejemplo el caso de la prefecta Paola Pabón, el parlamentario andino Virgilio Hernández y Christian González González, quienes eran procesados por el delito de rebelión. Él sostiene que al ser este un delito contra la seguridad del Estado es un proceso de investigación reservado, por lo tanto las pruebas que se van evacuando en ese tiempo y que las tiene la Fiscalía no se las puede mostrar.

15 de marzo de 2022. Ciudadanos autoconvocados se reunieron en el parque El Ejido para protestar en contra de las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional. API / HAMILTON LÓPEZ Foto: API

“Si no se suspenden los efectos de la resolución de la Asamblea corremos el riesgo de que a Paola Pabón se le retire el grillete y se desclasifiquen las pruebas. Si se desclasifican las pruebas, más adelante van a decir esas pruebas no son confidenciales, ya no existen, son nulas y por lo tanto ya no me pueden juzgar. Es fundamental entender que en este tipo de procedimientos deben guardarse las formas hasta el final. (…) Tenemos que hacer que la CC garantice ese principio fundamental de la juridicidad, del correcto manejo de la prueba y del Estado de derecho en estos procesos”, explicó.

Representantes del colectivo Quito Levántate aspiran a que la CC no espere a que haya una gran manifestación para pronunciarse sobre un tema que ha causado indignación en la sociedad, debido a que incluyeron en una lista casos que no debían haber sido amnistiados con otros que posiblemente sí debían acceder a este beneficio.

Pero la resolución para otorgar amnistías no solo ha recibido la demanda de inconstitucionalidad del colectivo Quito Levántate. El jueves 24 de marzo próximo se analizarán en audiencia los argumentos con que cuenta el exlegislador Andrés Páez para fundamentar la acción de protección que presentó con la finalidad de echar abajo la resolución de la Asamblea con la que se otorgaron las amnistías.

La convocatoria la hizo la jueza Lucila Soria, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia radicada en Quitumbe, en el sur de Quito. La acción de protección apunta a la medida aprobada por el Legislativo con 99 votos y por ello se le notificó a la presidenta del organismo, Guadalupe Llori, para que responda en representación del Parlamento.

Páez presentó la acción un día después de que 99 votos de asambleístas de UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática, parte del BAN e independientes dieron luz verde para que se amnistíe a personas que eran parte de 60 procesos relacionados con la supuesta judicialización por ejercer el derecho a la resistencia, defensores comunitarios, por administrar justicia indígena y defensores de la naturaleza.

Amnistías se basan en análisis de delitos presentados como lucha social, derecho a la resistencia y administración de justicia indígena

Para el exlegislador y excandidato a la Vicepresidencia de la República, existen actos violatorios en la resolución con la que el Legislativo, según él, otorgó “amnistías indiscriminadamente”.

“Si los asambleístas por Pichincha como Pabel Muñoz, Marcela Olguín, Fausto Jarrín, entre otros, creen que aquí no pasó nada, pues nosotros como ciudadanos debemos salir por los fueros de la defensa no solo de la ciudad, sino de la gente de esta ciudad que tuvo que sufrir lo que sufrió en octubre de 2019″, señaló Castillo, al tiempo de decir que las mismas acciones que llegan del Legislativo, como la fe de errata, les da la razón de que la resolución puede ser modificada y no está escrita en piedra. (I)

Fuente El Universo

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