El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, dice que no cuenta con las “herramientas jurídicas” para detener la conformación de la veeduría ciudadana ordenada por un juez de primer nivel de Montecristi (Manabí), Leiver Quimís, que busca diagnosticar y evaluar la selección de los jueces de la Corte Constitucional (CC) que hizo el CPCCS Transitorio. Esto hizo que la CC inicie una evaluación al actual Consejo para determinar si se está cumpliendo su dictamen interpretativo del 2019 que blindó lo actuado por el Consejo de Transición. Vera espera que la Corte dirima y aclare las implicaciones de la autotela, aunque asegura que ello no rige para la ciudadanía, solo para el CPCCS. En medio de las críticas por haber dado paso a esta veeduría, Vera zanjó que nunca ha “dado un paso al frente para descabezar a nadie; por ende, no (tiene) por qué dar un paso atrás”.
¿Cómo está avanzando la conformación de la veeduría? ¿Hay inscritos?
Los consejeros y el pleno no tenemos datos hasta que la veeduría se conforme. Eso le corresponde a la Subcoordinación de Control Social. El pleno, cuando se trata de veedurías, solo cubre el conocimiento de las resoluciones. Cuando la veeduría ciudadana es de iniciativa ciudadana, el pleno no tiene competencia para su conformación. Aquí inició el problema, con una solicitud ciudadana el 12 de mayo de 2023. Nos solicita que se cree esta veeduría. Nosotros, esta administración, el 16 de mayo se negó la constitución de esta veeduría. Fue con los nuevos consejeros; nosotros ya realizamos una negativa respecto de la conformación. Luego, la señora presenta una acción de protección que da como resultado la tan mencionada sentencia del juez de Manabí. Nosotros sí fuimos a este proceso y la audiencia se retrasó porque la Procuraduría General del Estado no había asistido.
Fuente El Universo