Desde el 9 de febrero y hasta el 14 de mayo transcurrirá un ciclo de cierre del periodo 2019-2023 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con vocales afines al movimiento político Revolución Ciudadana (RC) y al Partido Social Cristiano (PSC).
El jueves 9 de febrero, la Asamblea Nacional posesionó a Carlos Figueroa, Teddy Tama, Aland Molestina y Graciela Mora como consejeros suplentes para que se principalicen y se sumen a Gina Aguilar, Olindo Nastacuaz y Mónica Moreira.
Con ello se integra el pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que quedó en acefalía luego de que la Corte Constitucional (CC) destituyó de sus funciones a Hernán Ulloa, David Rosero, Francisco Bravo, Javier Dávalos, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Sofía Almeida por no designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura de una cuarta terna que envió la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En las hojas de vida de los nuevos siete consejeros hay rostros que fueron parte del Gobierno de Rafael Correa y otros cuyas candidaturas fueron promovidas en los comicios del 2019 por el Partido Social Cristiano (PSC), organizaciones políticas que a su vez integran los bloques de mayoría en la actual Asamblea Nacional.
Una de las vocales principalizadas es Graciela Morán Ramírez, licenciada en Comunicación Social, que fue funcionaria de la Cancillería durante la gestión del exministro Ricardo Patiño, en el mandato de Rafael Correa.
En los últimos comicios seccionales (2023) fue candidata a concejala de Quito por la alianza Juntos por la Gente, que cobijó la candidatura a la Alcaldía de Jorge Yunda.
Extraoficialmente se conoció que, debido a su participación política en los últimos comicios, un grupo de ciudadanos prevé presentar una acción de protección para impedir su ejercicio en el CPCCS, pues la Constitución y la ley del CPCCS prohíben que un consejero tenga una cercanía con partidos y movimientos políticos.
Graciela Mora, oriunda de El Oro, protagonizó en mayo del 2019 un reclamo público a Julio César Trujillo cuando este era presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Transición; y por ello, la Fiscalía General abrió en ese entonces una investigación previa en su contra, pues, al siguiente día de ese hecho, Trujillo sufrió un percance en su salud por el que fue hospitalizado.
En el sistema de la Función Judicial, la consejera tiene un proceso por ataque y resistencia, pero este 17 de enero del 2023 la Fiscalía solicitó el archivo de la causa.
De la provincia de El Oro procede Gina Aguilar Ochoa, cuya primera carrera electoral la tuvo en los comicios seccionales del 2009, cuando fue candidata a la Alcaldía de Portovelo por lo que fue el movimiento político Alianza PAIS, cuando era liderado por el expresidente Rafael Correa.
Psicóloga de profesión, se ha desempeñado en la docencia y ha sido parte de colectivos feministas.
Con el auspicio del Movimiento de Mujeres de Portovelo, del cual fue su coordinadora, fue candidata al Consejo de Participación Ciudadana en las elecciones seccionales del 2019.
Se posesionó en diciembre del 2022, en medio de la crisis que enfrentó el CPCCS debido a la destitución y censura de cuatro de los exconsejeros: Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, por un juicio político que efectuó la Asamblea Nacional.
La consejera Mónica Moreira no es nueva en este pleno. Solía principalizarse en el pleno del CPCCS para reemplazar a la exconsejera Sofía Almeida cuando se encontraba en su periodo de maternidad.
Guayaquileña, es licenciada en Ciencias de la Educación y se ha desempeñado por unos 20 años en la docencia.
Su candidatura a consejera del CPCCS la promovió la denominada Red de Maestros, movimiento que se constituyó en el gobierno de Rafael Correa.
Con el actual mandato de Guillermo Lasso fue designada coordinadora zonal 5 del Ministerio de Educación, para las provincias de Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Guayas.
Participó como candidata a la reelección como consejera, pero con los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) no sería electa para un nuevo periodo.
El consejero Olindo Nastacuaz fue candidato en las elecciones del 2019 por la lista de pueblos y nacionalidades que apoyaba el PSC; y, aunque no alcanzó un cargo en el Consejo, en noviembre pasado fue posesionado como suplente por el Legislativo, en medio de la censura y destitución de los exconsejeros mencionados.
Nastacuaz es proveniente de Tululbi, una parroquia del cantón San Lorenzo de Esmeraldas. Es bachiller en Ciencias Especializadas y profesor de educación primaria desde 1999, títulos con los que se desempeñó como profesor en la escuela Moisés Canticuz.
De nacionalidad awá, fue dirigente de laConfederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (Conaice) y anheló ser el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sin éxito.
También fue subdirector de la Red Escolar Autónoma Rural Awá, y de ahí se vinculó a la política con el entonces movimiento Alianza PAIS (AP), que lideraba Rafael Correa, que lo candidatizó a la vocalía de la Junta Parroquial Tululbi de San Lorenzo en los comicios seccionales del 2014.
Estuvo en esa vocalía hasta 2015, cuando empezó su carrera como servidor en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Área de Promoción de la Participación, debido a su cercanía con el movimiento correísta y el exvicepresidente del Consejo Edwin Jarrín, un activo dirigente y militante de lo que hoy es la Revolución Ciudadana (RC).
Carlos Figueroa es médico cirujano y ha sido profesor en la Universidad Central del Ecuador. Es una figura pública conocida, porque durante el gobierno de Rafael Correa se lo consideró un “perseguido político”.
Figueroa, junto con el exasambleísta Cléver Jiménez y el ahora legislador Fernando Villavicencio, se escondieron en la selva del territorio sarayaku huyendo de la orden de prisión que pesaba en su contra por una denuncia que presentó Rafael Correa en su contra por injurias en el 2012.
Estuvo seis meses en prisión por injuriar al exmandatario, específicamente por acusarlo de crímenes de lesa humanidad en el contexto de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. La sentencia fue prisión por medio año, una multa de $ 47.000 a cada uno y disculpas públicas.
Al pleno se integrará también un oficial en servicio pasivo de la Armada Nacional: se trata del almirante Aland Molestina.
Guayaquileño, tiene una licenciatura en Ciencias Navales y una maestría en Estrategia Marítima, así como un diplomado en Administración de Empresas.
Ex comandante general de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina, además de docente de la Academia Naval. Es miembro fundador de Concertación Cívica Nacional y de la Asamblea Ciudadana Ecuador (ACE).
El abogado Teddy Tama lidera el estudio jurídico Tama y Asociados. Fue asesor de la Asamblea Nacional de Montecristi entre el 2008 y 2009, cuando estaba en ese cargo Aminta Buenaño, exembajadora de Ecuador en España, en la gestión de Rafael Correa.
Se candidatizó a la reelección para ser vocal del CPCCS y su rostro se promovió desde las filas del PSC, pero también fue parte de un grupo de siete candidatos que se autodenominaron “los siete de la gente”, para reclamar al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la falta de controles a la campaña de otros siete contendores impulsados por el movimiento correísta.
El actual consejero preside la Corporación Ecuatoriana de Estudios y Capacitaciones Jurídicas Corpuslex, organismo que da cursos de capacitación a estudiantes y abogados.
Fuente: El Universo