El Gobierno Nacional despliega procesos integrales para mantener el orden y la seguridad en el sistema carcelario del país informaron las autoridades del Ejecutivo esta mañana, 5 de abril de 2021, en rueda de prensa desde el Palacio de Carondelet, en el centro de Quito. Los funcionarios iniciaron sus intervenciones expresando, una vez más, la solidaridad del Gobierno Nacional a los familiares de las personas privadas de la libertad (PPL) que fallecieron en los hechos de violencia en el centro penitenciario de Turi.
En ese sentido, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, explicó algunas de las acciones urgentes desplegadas este fin de semana desde el gobierno mediante el Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social. Por ejemplo, se instaló en el Centro Forense un puesto de mando para el eje social que atiende a las familias de los privados de la libertad. Desde este espacio se coordinó los servicios de primeros auxilios psicológicos para más de 205 personas; atención médica; cuidado a los niños, niñas y adolescentes que acudieron con los familiares; entre otras. Además, se identificaron 20 cuerpos, de los cuales 15 de ellos ya han sido entregados a sus familiares, coordinando de forma logística su traslado.
En cuanto a las medidas implementadas para atender esta problemática a mediano y largo plazo, la ministra Ordóñez mencionó que ya se encuentra en marcha la política pública de rehabilitación social con enfoque de derechos humanos, que trabaja para reducir el hacinamiento de los centros de privación de libertad mediante la emisión de indultos: “Con corte a la semana pasada se han procedido a generar 330 indultos a PPL en el contexto del Decreto Ejecutivo n.° 355. Así también se está trabajando en el componente de salud y educación para mejorar las condiciones al interior de los centros penitenciarios, lo que sin duda alguna contribuye a mejorar la seguridad y bajar los niveles de violencia”, señaló.
Por su parte, el secretario General de Comunicación, Eduardo Bonilla, informó que desde esta mañana se desplegó la atención médica y psicológica a más de 120 mujeres privadas de libertad del Centro de Privación de Libertad de Azuay N°1. Asimismo, se reiteró que la seguridad es la prioridad número uno del despacho presidencial por lo que se trabaja en el fortalecimiento del SNAI con la reducción de hacinamiento de personas privadas de libertad (PPL), inclusión de más guías penitenciarios y la aplicación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos.
En ese sentido, el director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez, reiteró que, al momento, el Centro de Privación de Libertad Azuay N°1 se encuentra bajo el control total del Estado. Y destacó que las acciones coordinadas el domingo 3 de abril fueron: la evacuación de 130 personas privadas de libertad (PPL) que se encontraban en el fuego cruzado; y posteriormente la atención médica a cinco reclusos heridos por los actos de violencia.
Adicional a esto, el trabajo del SNAI, desde diciembre pasado, se enfoca en la ejecución el plan estratégico del sistema de rehabilitación, para reducir el hacinamiento carcelario a 0 % a cierre de este año. Estas cifras se pretenden alcanzar con el trabajo interinstitucional tanto con la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura para así conocer todos los datos de los PPL y el estado jurídico de cada uno de ellos. Otro resultado del fortalecimiento institucional es que en el primer trimestre de este año se evitaron 83 muertes violentas, gracias al traslado de personas privadas de la libertad, dijo el funcionario.
Ramírez también agregó que ya está en marcha la convocatoria de postulación para la vigilancia penitenciaria, que espera la profesionalización e incorporación de 1.400 guías, con la consigna de que para el 2023 las cárceles cuenten con 3.000 agentes. Y también se invirtió cerca de USD 30 millones para centros carcelarios priorizados. De estos fondos, USD 3 se destinaron para la cárcel de Turi (en Cuenca).
El Gobierno Nacional enfrentó esta crisis tras la decisión del presidente Lasso de separar el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno. El secretario Bonilla indicó que esto permitió “una acción más rápida, inmediata e interinstitucional que permitió atenderla desde varias aristas”. En ello coincidió el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y añadió que la situación carcelaria actual es producto de años de abandono y que, hoy, el Gobierno trabaja para brindar una solución definitiva e integral: “el gobierno no va a renunciar a regresar al Ecuador a donde pertenece: ser un país de paz (…). Intervenimos con claridad, contundencia y con el apoyo interinstitucional para solucionar un problema que heredamos”.
Fuente: Secretaría General de Comunicación