El 4 de mayo próximo se formularán cargos contra los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Juan José Morillo y Maribel Barreno, y contra el juez de la Corte Provincial de Pichincha Vladimir Jhaya, por el delito de tráfico de influencias. La audiencia está convocada para las 10:00 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Los tres funcionarios judiciales eran parte de una investigación previa que se abrió hace diez meses, el 15 de junio de 2022. En la fase reservada se habrían analizado audios filtrados en los que el vocal Morillo, en presencia de Maribel Barreno, pide apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejos, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para así salvarla de sus destitución.
Jhaya habría sido supuestamente quien convocó a los funcionarios judiciales para la reunión. En los audios, a Morillo se le escucha usar el nombre del presidente Guillermo Lasso en su intención de influir en la decisión de un juez que llevaba la acción constitucional que solicitaba Llori.
En un video publicado en la cuenta institucional de Twitter de la Fiscalía General del Estado, su titular habla de que la institución sigue trabajando sobre “casos contundentes”, e inició la explicación de la causa denominada Vocales, por la que había pedido a la Corte Nacional día y hora para la formulación de cargos.
“La acusación se sustentará en los elementos encontrados en estos diez meses de investigación y que ha contado con el testimonio anticipado de una servidora judicial. Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”, señaló Salazar.
La Fiscalía ha insistido en que se está haciendo un trabajo técnico-jurídico, apartado de cualquier contexto político. Diana Salazar califica de fundamental el que como sociedad se mire con detenimiento este caso, pues se está “hablando del máximo organismo de control de la justicia”. Y añadió: “Por lo que estoy segura de que sentaremos un precedente para que a futuro no se vuelvan a utilizar las instituciones del Estado para tomar el poder”.
El video produjo una reacción inmediata en la vocal Maribel Barreno, quien llegó a la Judicatura en 2019 representando a la Fiscalía General. Para la funcionaria judicial, el “accionar informal” de la fiscal general le resulta “sorprendente” dentro de una investigación previa que tiene el carácter de reservada.
Barreno, mediante un comunicado público, sostuvo que sus derechos y garantías establecidas en la Constitución, especialmente la presunción de inocencia, deben ser respetados; dejó sentada la contaminación que ha provocado la Fiscalía en este caso al hacer mediático un procedimiento que genera un prejuicio en la ciudadanía y que puede afectar la imparcialidad de los juzgadores.
“Jamás he abusado de mi cargo para influenciar sobre terceros en beneficio personal ni de otros, sino que, por el contrario, he impulsado y promovido proyectos técnicos y modernizadores para mejorar el sistema de justicia”, afirmó la vocal Barreno, al tiempo que adelantó que llevará adelante una defensa técnica y jurídica para desvirtuar todas las acusaciones que buscan afectar su buen nombre.
En la Asamblea Nacional aún está pendiente que se retome la posibilidad de enjuiciar políticamente a Barreno y Morillo por el contenido y sentido de los audios filtrados. La idea de interpelar a estos funcionarios judiciales la lidera el Partido Social Cristano, bancada que también impulsó el juicio político que no alcanzó la destitución de cuatro vocales del CJ, institución que en ese momento estaba presidida por Fausto Murillo.
La formulación de cargos se dará en medio de las acusaciones hechas por la Fiscalía contra la Judicatura de “intentar tomarse la institución” mediante la designación de 23 fiscales provinciales.
Fuente: El Universo