Daniela Ballesteros fue una de las dos garantes de un crédito educativo que sacó su hermano para ir a estudiar un posgrado a España, mientras que Sara Alomoto solicitó un crédito de $ 30.000 en 2015 para estudiar Ingeniería Civil.
A ambas les congelaron las cuentas bancarias por deudas de créditos educativos, pero son solo un par de ejemplos de otros casos que se han repetido. Esas historias se han dado a conocer en plantones.
Ante ese escenario, el Gobierno busca una solución. Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), se han entregado $ 1.100 millones en créditos educativos, y de ese monto, $ 70 millones están en coactivas (6 % del total) lo que corresponde a 6.700 personas.
Y de ello, el 80 % ha firmado convenios de pago, ya sea con la normativa anterior o con el nuevo reglamento que está en vigencia desde enero de 2023.
Andrés Espín, director de Procesos Coactivos de la Senescyt, explicó que el Código de Procedimiento Civil (CPC) regía la coactiva estatal, y luego en 2018, el Código Orgánico Administrativo (COA).
Agregó que en 2019 hubo una reformatoria a ley que modificaba la coactiva en el COA, ya que se indicaba que las deudas -cuando se firma un convenio de pago- debían ser canceladas en su totalidad en 24 meses.
Señaló que el promedio de deudas es de entre $ 20.000 y $ 30.000.
A finales del 2021 se hizo una reforma para permitir que los plazos para el pago se amplíen.
Mencionó que hay rangos para los convenios de pago y aquellas deudas que superan los $ 80.000 pueden cancelar esos acuerdos hasta en 240 meses, para los que formaron parte del COA, pero no del CPC.
El funcionario agregó que el nuevo reglamento abrió la posibilidad de que las personas que tenían su procedimiento civil puedan suscribir un tercer convenio, y en ese caso, se pide el pago de un abono para la firma de un convenio, lo que no sucede en el COA, que solicita una garantía.
Expresó que se redujo el porcentaje del abono, que iba del 10 % al 25 %, a entre el 5 % y 15 % y se toma en cuenta para el cálculo de dicho abono únicamente el capital.
Con la vigencia del nuevo reglamento se realizan visitas a provincias con un cronograma para llegar a 16 cantones del país a fin de dar a conocer del reglamento y para la suscripción de nuevos convenios.
En febrero pasado varias personas, entre ellas Daniela Ballesteros y Sara Alomoto, participaron de un plantón en la Corte Constitucional. Uno de sus planteamientos fue que descongelen sus cuentas bancarias.
Andrés Espín respondió que hay medidas cautelares que la ley exige que se impongan cuando una persona está bajo esa figura.
“No es un tema únicamente de Senescyt, es un tema de deudas hacia el Estado”, argumentó.
Sin embargo, añadió, cuando se firma el convenio de pago, las medidas se levantan.
A finales de marzo, la Senescyt tendrá un consolidado de cuántas personas ya han firmado los nuevos convenios. (I)