Carlos Rabascall tiene vía libre para ser candidato presidencial por la Izquierda Democrática en las elecciones 2025, después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivara una impugnación presentada en su contra.
Estamos perdiendo el desarrollo del pensamiento en la sociedad. Esto tiene que estar enfocado a mejorar la vida de los ecuatorianos, recuperando el sector energético, la economía, la producción, el trabajo, la seguridad y la paz de una nación.
El recurso fue presentado por Paúl Desamblanc, parlamentario andino y militante de la Izquierda Democrática. Él ya había objetado la precandidatura de Rabascall en el CNE, pero el Pleno rechazó su pedido. Apeló esa decisión ante el TCE, pero la jueza Ivonne Coloma pidió que complete información sobre el caso. Le dio dos días para ello, no obstante, no lo hizo y se procedió con el archivo.
Nuestro Plan de Gobierno está enfocado en el desarrollo, ya que nos hemos vuelto en el Ecuador demasiado corto-plazistas. Todos los años crece la población y a su vez crece el consumo de energía eléctrica, si sigo manteniendo la misma capacidad tarde o temprano va a colapsar. El sentido común nos decía que debíamos crecer en generación eléctrica conforme al crecimiento de la población.
La decisión del TCE es de última instancia y no se puede apelar. El Contencioso Electoral debe notificar de esta decisión al CNE.
No puedes separar economía, producción, trabajo y sector energético de la educación, salud y seguridad porque es un todo. Tenemos que trabajar de forma integral, al sector de la electricidad no se le ha dado la importancia. Si no hay electricidad en un país, el emprendimiento deja de funcionar y la economía no se mueve.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un conjunto de medidas económicas destinadas a mitigar el impacto de la crisis energética provocada por el estiaje. Estas acciones, suscritas en el Decreto Ejecutivo No. 444, incluyen el diferimiento de obligaciones financieras, la reestructuración de créditos y algunas medidas de compensación para los usuarios de servicios de internet. Las disposiciones buscan aliviar la presión económica sobre los ciudadanos y las empresas, garantizando al mismo tiempo la estabilidad del sistema financiero. (I)
