Con 8 votos afirmativos, la Comisión de Participación Ciudadana aprobó el informe de cumplimiento de la Resolución Legislativa 2023-2025-060 del Pleno de la Asamblea Nacional, relacionada con el seguimiento al Decreto Ejecutivo N.° 317, emitido el 02 de julio de 2024.
El informe incluyó la recomendación presentada por la asambleísta Mónica Salazar para que la comisión asuma el acompañamiento y fiscalización del proceso de condonación de deudas de BanEcuador, a raíz de la solicitud de la plataforma que representa a los deudores.
La legisladora enfatizó la necesidad de incluir el pedido de fiscalización adicional relacionado con BanEcuador, dado que hasta la fecha no se ha realizado ninguna condonación efectiva. Esta recomendación busca asegurar que se escuchen las necesidades de quienes enfrentan dificultades económicas.
Previo a las recomendaciones, entre las conclusiones del informe se destaca que el Decreto Ejecutivo N.° 317 fue adoptado sin los estudios técnicos y la factibilidad financiera necesarios, y no consideró el impacto real sobre los deudores con deudas de hasta cinco mil dólares. Así mismo, se advirtió sobre el riesgo financiero en el que se encuentra BanEcuador, evidenciado en un informe del Ministerio de Finanzas.
La mesa legislativa también criticó la falta de mecanismos de transparencia por parte de la Presidencia de la República y BanEcuador, quienes no proporcionaron la información necesaria para que los ciudadanos conocieran las condiciones y requisitos de la condonación. Esto resultó en una falta de acceso a información crucial para los potenciales beneficiarios.
Además, se mencionó que BanEcuador incumplió normativas establecidas y que un segundo Decreto Ejecutivo (383) fue expedido para rectificar los errores de aplicación del primero, aunque la falta de claridad persiste respecto a la existencia de una “segunda fase” de condonación.
El presidente de la comisión, Patricio Chávez, previo a clausurar la sesión, manifestó que el informe no solo refleja un análisis crítico, sino también la voluntad de garantizar que las políticas públicas sean implementadas con transparencia y sobre todo en beneficio de quienes más lo necesitan.
“Es nuestro deber como comisión, asegurar que se tomen las medidas necesarias para que estos problemas no vuelvan a repetirse, debemos exigir que se cumplan todos los derechos de los ciudadanos y que se implementen mecanismos que en primera línea garanticen la adecuada gestión de los recursos públicos”, concluyó.
Fuente: Asamblea
