La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, por unanimidad, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Regulación para la Prevención y Control de Cáncer Cérvico Uterino, a través de la planificación, vacunación, diseño, desarrollo, investigación, educación, ejecución de programas, estrategias, políticas públicas y acciones tendentes a brindar una atención integral para la población, según corresponda.
El informe señala que aproximadamente un 30 % de las muertes por cáncer podrían evitarse, modificando factores de riesgo como: sobrepeso, obesidad, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de alcohol y tabaco.
Por tanto, se requiere una detección oportuna, estrategias de tamizaje, intervenciones de recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos para que mejoren su posibilidad de supervivencia y calidad de vida con tratamiento adecuado. Además, impulsar la vigilancia epidemiológica, investigación, participación multisectorial y social.
En Ecuador, las tasas de mortalidad por cáncer cervical no han presentado una reducción en los últimos años, a diferencia de lo que sucede en otros países.
También se argumenta que existe insuficiencia en la infraestructura necesaria para tratar el cáncer en la Red Pública de Salud; en el país existen ocho hospitales oncológicos de atención especializada de tercer nivel que se encuentran a cargo de Solca, mientras el sector público y privado con fines de lucro no poseen centros oncológicos.
El doctor Bernardo Vega Crespo, quien participó como asambleísta por un día aseguró que el articulado del proyecto refleja mucho de la evidencia científica y argumentó en la prevención del cáncer uterino como resultado de sus investigaciones. Precisó que el cáncer cérvico uterino puede ser eliminado hasta el 2030; en la actualidad, la mortalidad es de 10 por cada 100 mujeres, que cobra la vida de 963 mujeres, cada año.
“Es importante tomar en cuenta a la vacuna como un elemento fundamental para la prevención del cáncer uterino, que se priorice a las mujeres de 9 a 12 años y las pruebas de detección temprana a partir de los 30 años cada cinco años”, dijo el catedrático.
En otro orden, por pedido de la asambleísta Ana Herrera, vicepresidenta de la Comisión, los legisladores decidieron que el tratamiento del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Enfermedades Catastróficas, Raras o Huérfanas se analice con mayor profundidad en una sesión presencial, sin intermitencias tecnológicas, dados los cortes energéticos.
Fuente: Asamblea
