El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió exhortar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias a cumplir con las obligaciones pendientes hacia los ahorristas afectados por la liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural Ltda., de la provincia de Chimborazo.
Carmen Tiupul, asambleísta por la provincia de Chimborazo y promotora de la resolución, argumentó que el cierre de las cooperativas de ahorro y crédito es una grave situación que están atravesando las familias a nivel nacional, pero con mayor énfasis en las provincias de Azuay, Tungurahua Pichincha y Chimborazo, tras interrogar qué sucede con los socios de las 525 cooperativas cerradas; y, quién responde por los dineros de los depositantes.
Explicó que las cooperativas de ahorro y crédito abarcan a más de 9 millones de socios que son una población muy importante y que sostiene la economía popular y solidaria del país.
Aseguró que no existe respuesta de parte de las entidades que deben estar controlando estas instituciones; “la SEPS ha tenido un accionar inoperante y por ello varias familias han sido víctimas por los cierres abruptos de muchas cooperativas, de manera especial, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural con una afectación de más de 25 mil familias”, denunció tras exponer el vía crucis que pasan los socios, entre ellos jubilados y adultos mayores, lo que se replica en varios territorios.
La resolución aprobada de manera unánime también dispone a la Comisión Ocasional de Economía Popular y Solidaria que inicie el proceso de investigación y fiscalización sobre la denuncia de los afectados por el cierre de las cooperativas de ahorro y crédito liquidadas a nivel nacional y la devolución de sus ahorros. Deberá presentar, en un plazo máximo de treinta días, un informe con las debidas conclusiones y recomendaciones, mismo que será puesto en conocimiento del Pleno.
La Superintendente de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Christina Murillo, dentro de los cinco días siguientes a la aprobación de esta resolución, en su comparecencia ante la Comisión Ocasional de Economía Popular y Solidaria deberá proporcionar información completa y oficial respecto al proceso de cierre de las cooperativas de ahorro y crédito, el número total de afectados por el cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural LTDA, quienes no han recibido la devolución de sus ahorros, las acciones tomadas por la SEPS para la devolución de dichos ahorros y el número de cooperativas de ahorro y crédito liquidadas.
De igual forma, Tatiana Witt, gerente general de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, deberá entregar la información sobre el número de fideicomisos que existe hasta la actualidad, indicador de liquidez y el plan de contingencia con la que cuenta la institución para que los afectados por el cierre de dicha cooperativa recuperen sus ahorros.
Por último, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliar del Sector Público proporcionará información sobre el proceso de liquidación y traspaso de activos del fideicomiso de las cooperativas liquidadas por parte de la CONAFIPS.
En el debate, los asambleístas Pedro Velasco, Celestino Wilsum y Luis Silva que representan a las provincias del Carchi, Morona Santiago y Tungurahua, en su orden, dieron testimonio de situaciones similares que viven en sus territorios por estos cierres. Dijeron que el problema no es nuevo en el país; que ciertos sectores buscan sus propios beneficios; la situación no puede continuar y se debe exigir a la Superintendencia de Compañías el control y supervisión de estas cooperativas que deben estar en sintonía con las familias que han sido perjudicada.
Fuente: Asamblea
