El Consejo de Administración Legislativa (CAL), de conformidad con el artículo 173 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y 11 del Reglamento para el Trámite de Faltas Administrativas, escuchó a Paola Cabezas y Arisdely Parrales; Inés Alarcón y César Umajinga, partes intervinientes en las quejas que se tramitan.
La asambleísta Paola Cabezas manifestó que la legisladora Alarcón, “buscó entorpecer los juicios políticos en trámite en la Comisión de Fiscalización y lesionar el prestigio de la institución y sus procesos de control político al llamar narcojuicios a los juicios políticos presentados contra la Fiscal General del Estado”. Solicitó aplicar la suspensión sin remuneración, de nueve a treinta días, según lo establecido en el artículo 170 de la LOFL.
Por su parte, Inés Alarcón, en su derecho a la defensa, señaló que no existe una causal en la LOFL para sancionarla por haber expresado su opinión.
Mientras que, Arisdely Parrales sostuvo que el legislador Umajinga cometió una infracción muy grave al artículo 171 de la LOFL, al instigar actos de violencia en la sesión 074 de la Comisión de Fiscalización. Mencionó que, “al encontrarse en claro conflicto de intereses, el asambleísta debía principalizar a su suplente para que asista y vote de conformidad con la ley”. Al finalizar su exposición, solicitó implementar una suspensión no remunerada de entre treinta y noventa días, al configurarse una falta muy grave.
De su lado, César Umajinga ejerció su derecho a la defensa y afirmó no haber vulnerado ni incumplido ningún artículo de la LOFL, ni del reglamento pertinente y defendió su actuación y presentación de mociones durante la sesión.
Al concluir la sesión, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz destacó que el CAL ha garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa durante el trámite de las quejas presentadas, e informó que el organismo emitirá su resolución en un plazo máximo de 15 días.
Fuente: Asamblea Nacional
