El 27 de septiembre de 2024, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armada adjudicó a Santa Bárbara, una empresa pública, un contrato por USD 3,2 millones. El objetivo es la implementación de un campamento móvil en los exterior del complejo carcelario del Guayas.
Aunque la Corte Constitucional (CC) ha puesto en tela de duda la existencia de un conflicto armado interno, el Gobierno de Daniel Noboa sigue usando esta figura como la justificación para los gastos en seguridad.
En el caso de este campamento móvil, por ejemplo, la compra se debe a que -en el marco de esta guerra interna- el personal militar está hecho cargo de la seguridad en la mayoría de las 36 cárceles del país.
Y, ante esta situación, los soldados están cumpliendo funciones en horarios extendidos, sin tener un lugar adecuado para su descanso, alimentación y aseo.
Por esta razón, en el caso del complejo carcelario del Guayas, que es uno de los más conflictivos del país, se busca un campamento que albergue a unas 1.000 personas. Entre otras cosas, tendrá 26 unidades sanitarias completas, que incluyen baterías, lavamanos y duchas.
Desde el 9 de enero de 2024, Noboa declaró la existe de un conflicto armado interno en Ecuador. Se trata de una guerra contra 22 bandas narcodelictivas, que han sido identificadas como terroristas y objetivo militar.
En estos nueve meses bajo este régimen, que ha sido acompañado de sucesivas declaraciones de estado de excepción -y bajo el argumento de la seguridad nacional- los ministerios de Defensa, Interior, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han manejado sus compras de manera reservada.
La adquisición de este campamento móvil es uno los pocos procesos contractuales que aparecen en el sistema público de Compras Públicas.
USD 2.450 millones en gastos
Si bien las compras no son públicas y los procesos se manejan de manera reservada, el Ministerio de Finanzas permite revisar el avance del gasto público de los distintos sectores y entidades del Estado.
En el caso de la Función Ejecutiva, por ejemplo, el gasto se puede dividir por Gabinetes sectoriales, como es el caso del de Seguridad, que agrupa a las entidades dedicadas a este fin.
A inicios de 2024, el Gobierno presupuesto una asignación de USD 3.133,4 millones para el Gabinete de seguridad. Para septiembre -luego de nueve meses- luego de algunos ajustes, la cifra subió a USD 3.764,8 millones.
Sin embargo, hasta el mismo septiembre, solo se ha gastado el 65% de esa asignación. Es decir, USD 2.450,8 millones. De los cuales ya se han pagado USD 2.340,3 millones.
Policía y Defensa gastan más
En total, son 12 las entidades que conforman el Gabinete de Seguridad. Sin embargo, el 89% de los USD 2.450,8 millones gastados, hasta septiembre de 2024, lo tienen dos entidades en específico.
La Policía Nacional, con USD 1.087,8 millones, es la entidad que más ha gastado en lo que va del año. Sin embargo, en el Portal de Compras Públicas, no se evidencian grandes compras de equipamiento. Los procesos subidos se refieren, sobre todo, a acciones de mantenimiento administrativo y servicios de comunicación y publicidad.
La segunda entidad que más ha gastado, con USD 1.083,9 millones, es el Ministerio de Defensa Nacional, que está al frente del manejo de las Fuerzas Armadas. En este caso, en Compras Públicas se reflejan tres procesos por USD 162.000 referentes a antivirus tecnológicos, materiales de ferretería y producción audiovisual.
Fuente: primicias.ec
