El Pleno de la Asamblea Nacional analizó, en primer debate, el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (Código Ingenios), para regular las facilidades de pago de créditos educativos, con base en el informe elaborado por la Comisión de Educación.
La reforma plantea modificar el artículo 32.1 del Código Ingenios para establecer un régimen especial de facilidades de pago para la recuperación de todas las cuentas que se encuentren en cartera vencida, cobro de sanciones económicas impuestas a los beneficiarios y demás obligaciones pendientes de pago.
Jahiren Noriega, integrante de la comisión y ponente del informe, señaló que estas deudas podrán ser refinanciadas hasta por un plazo de 240 meses, dependiendo del monto adeudado. “Hasta los 20 mil dólares, con una sola garantía personal; hasta los 50 mil dólares, con dos garantías personales y; a partir de los 50 mil y 1 dólares, con una garantía real”, detalló.
Además, la iniciativa busca que las medidas cautelares dictadas dentro de los procesos coactivos a los deudores, codeudores, garantes y garantes solidarios, queden sin efecto. Así también, que la tasa de interés para estas facilidades de pago no sea mayor a la tasa referencial establecida por el Banco Central para el segmento de Crédito Educativo Social, del 5.49 %.
Durante el debate, las legisladoras Carmen Tiupul, Gissela Garzón y Cecilia Baltazar coincidieron en que el proyecto plantea soluciones para que los deudores cumplan dignamente con sus obligaciones, conforme a su realidad económica y la del país. Por otra parte, el legislador Santiago Aguilar señaló que, “este proyecto de ley es un acto de justicia y dignidad, porque la educación no puede ser una condena a décadas de angustia financiera”.
Una vez concluido el análisis, la presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, dispuso que el proyecto retorne a la comisión para la elaboración del informe para segunso debate.
Comisión General
El Pleno del Legislativo recibió la comparecencia de Mónica Espinoza, Erick Piñeres y Diego Marcillo, afectados por créditos educativos, quienes expusieron sus casos personales y detallaron que sus deudas, por valores de más de 19 mil dólares, a la fecha se ha triplicado a causa de los intereses gravados, no como créditos educativos sociales, sino como créditos de consumo.
De su lado, Carlos Jaramillo, presidente del colectivo ciudadano de afectados por créditos educativos, detalló que las medidas punitivas impuestas a las y los deudores, como el congelamiento de sus cuentas, la imposibilidad de acceso al sistema financiero y los impedimentos laborales, los han condenado al aislamiento social, al desempleo y a no tener forma de honrar sus deudas.
“La cartera total coativada asciende a los 69 millones, de los cuales 49 millones son de deuda al capital y 20 millones corresponden a intereses”, señaló.
Fuente: Asamblea
